17 / 01 / 2011

Analisis

Los indicadores que muestran cómo el Gobierno promueve el lavado de dinero

BENEFICIO DE ALGUNOS, PERJUICIO DE MUCHOS

Son incesantes por estos días las noticias sobre el lavado de activos, blanqueo de capitales o lavado de dinero. Más aún, éstas han tomado relevancia a partir de conocido el cable 1257 del 1º de diciembre de 2009 filtrado por Wikileaks.

Como todo parece indicar, los hechos nacionales de naturaleza delictiva vinculados a esa actividad se han desarrollado de manera exponencial a partir del desembarco de los Kirchner en la Presidencia de la Nación.

Uno de los últimos escándalos de los que hemos tomado conocimiento ha sido el del envío de droga a España bajo la tutela de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret.

Se suma a todo esto que el GAFI —Grupo de Acción Financiera Internacional—, organismo intergubernamental cuya razón de ser es el desarrollo y promoción de políticas en los niveles nacional e internacional, tendientes a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo concluyó, luego de estudiar el sistema argentino, que no se advierte una voluntad real desde el máximo poder de la Nación para combatir el narcotráfico.

Esto quedó plasmado en el mencionado cable 1.257, en el que se expresaba: “el líder del equipo operacional del GAFI es escéptico respecto a las intenciones del gobierno” de afrontar estos problemas, agregando “algunos contactos de la embajada argumentan que el actual liderazgo del gobierno, incluyendo a la presidenta, podrían salir mal parados de una honesta y vigorosa persecución del lavado de dinero”.

Mucho más allá del —tantas veces explicado— daño social e institucional que implica el narcotráfico, existe otro tipo de daño, no menos importante, que se podría resumirse diciendo: “El delito que beneficia ampliamente a unos pocos destruye la macroeconomía en múltiples aspectos”.

Habiendo entendido esto, el gobierno norteamericano hace mucho tiempo, implementó políticas tendientes a erradicar el consumo. Frente a una fuerte demanda, el gasto en acciones judiciales y arrestos, desequilibraba la relación costo-beneficio. Entonces ensayó atacando la oferta, pero esto también resultó un fracaso ya que cada vez se produce más droga en el mundo.

El principio de solución parece haber venido de la mano de la lucha contra el lavado de activos, tarea sumamente dificultosa, pero ha dado y sigue dando sus buenos resultados en diferentes países seriamente comprometidos en combatir el narcotráfico y otros delitos.

Según el informe de la Embajada norteamericana expuesto en el cable 1257 de Wikileaks: “La casi completa ausencia del cumplimiento de la ley junto con una cultura de impunidad y corrupción hacen que la Argentina esté madura para la explotación por parte de narcotraficantes y células terroristas”.

Por su parte, el agregado económico-financiero de la Embajada italiana Fabio Contini, quien lidera las operaciones de revisión de los diferentes mecanismos de control, prevención y políticas de lucha contra el lavado de dinero, dejó constancia documentada de que el gobierno argentino solo simula colaborar en combatirlo, ya que las políticas y actividades concretas a tales efectos están programadas para cumplir con lo mínimo previsto por los estándares internacionales.

Según da cuenta el mismo cable, la UIF —Unidad de Investigaciones Financieras—, organismo nacional creado en la década de los noventa cuyo objetivo es el de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, “es una institución inepta y políticamente comprometida”, lo que deja en claro que su rol real se ha desvirtuado sustancialmente.

Sustentarían estas afirmaciones realizadas por un asesor del Fondo Monetario Internacional hechos tales como que el propio titular de la UIF retendría “informes de transacciones sospechosas del entorno de los Kirchner y se habría negado a responder las solicitudes acerca de estas transacciones sobre los propios Kirchner hechas por Suiza, Lichtenstein y Luxemburgo”

El lavado de activos, es uno de los delitos más complejos de detectar sustentado en la criminalidad internacional organizada, la que lo perpetra mediante el tráfico de estupefacientes, de personas, de órganos, de armas, contrabando, sobornos, redes de prostitución, evasión fiscal, entre otros.

El producido de los mencionados delitos, es ingresado a la economía formal, aparentando una obtención legítima.

Asimismo, es relevante distinguir el blanqueo por falta de control fiscal, es decir, utilizar una actividad legal para incorporar al sistema formal ingresos provenientes de actividades ilegales, del blanqueo instrumentado legalmente y sus efectos respecto al quebrantamiento de la garantía de igualdad ante la ley frente al bien jurídico protegido por la ley fiscal: la recaudación de recursos públicos.

Es importante distinguir la figura de lavado que constituye una operación ilegal donde se utiliza una maniobra dolosa para encubrir una operación clandestina, de las moratorias o planes de facilidades que legalmente permiten el ingreso de capitales al sistema regular sin sanciones de ninguna naturaleza, ni tributarias, ni financieras, ni cambiarias. Recuérdese la última Ley de Blanqueo emanada hace no tanto de un Poder Legislativo adicto al oficialismo.

El efecto corrosivo, generador de distorsiones que esta práctica representa para la economía global, se refleja en el incremento del riesgo de quiebras bancarias, la disminución del poder decisorio racional de los gobiernos en política macroeconómica, la disminución, a veces irreversible, de la credibilidad de los países donde prolifera, la destrucción lenta pero segura del tejido social exponiendo a generaciones enteras al deterioro físico, intelectual y moral.

La falta de control fiscal sobre la actividad financiera es la primer causa de inseguridad del sistema financiero; es decir, la apertura sin control de la actividad financiera provocó una concentración del poder financiero que ha impedido su control, generando como efecto secundario que el propio sistema financiero internacional concentrado generara sitios seguros para resguardar tanto el ingreso proveniente de actividades ilegales como renta pública excluida de tributar por acuerdos internacionales de doble imposición, aplicación de la doctrina de precios de transferencia, omisión o defraudación.

El creciente desarrollo tecnológico ha favorecido el incremento exponencial y perfeccionamiento del blanqueo hasta alcanzar niveles difíciles de determinar con exactitud, apoyado no sólo en la creatividad permanente de sus ejecutores sino en la cooperación de grandes corporaciones internacionales cuyos miembros ven sustancialmente multiplicadas sus ganancias.

En ese contexto, los sistemas informáticos actuales facilitan el lavado de activos permitiendo la transferencia de enormes volúmenes de dinero en minutos, triangulando a paraísos fiscales y financieros y/o territorios de baja tributación.

Los juegos de azar, el corretaje de bolsa, las compañías de seguros, comercialización de metales y piedras preciosas, comercialización de objetos de arte, casinos, eventos deportivos o artísticos, concesionarias, transacciones bancarias de diversa índole, inmobiliarias, empresas constructoras, fundaciones, empresas de turismo, cadenas de casas de comida, entre otras tantas actividades, pueden encubrir blanqueo de capitales, y el ejercicio constante del mismo va erosionando la integridad financiera de naciones enteras, afectando de modo adverso la tasa de interés y la moneda en virtud del grado de integración de los mercados de capitales, como consecuencia de lagunas legislativas y el pertinente control estatal.

Paradójicamente, tantas economías locales, sectoriales y regionales dependen tanto del mismo que su eliminación redundaría en un colapso de dimensiones impredecibles para la economía global, posiblemente más profundas o de un comportamiento mucho menos anticipable que las vistas hasta el presente en diferentes etapas. Esto también hay que decirlo claramente.

Existen diversos aspectos inherentes al lavado de activos que van desde los delitos en sí que permiten su materialización, pasando por el marco normativo, la práctica contable, la cuestión tributaria, variables macroeconómicas, voluntad política y los efectos sociales.

Asimismo existen diferentes etapas previas que finalmente terminan en lo que se conoce como “lavado”, esto es, la “simulación”, la “integración” y la “legitimación”.

Por último, se hace necesario distinguir el llamado “dinero negro” del “dinero sucio”.

El primero, también conocido como “fondos contaminados” es producto de ilícitos y su consecuente evasión tributaria, mientras que el segundo, al que también se conoce como “dinero ilegal”, es producto de actividades al margen de la ley como coimas, sobornos, robos, etc.

Esta diferenciación induce además a distinguir a las primeras actividades ilegales como “operaciones de reciclaje o lavado” y a las segundas como “blanqueo”.

En ambos casos, sin embargo estamos frente a ingresos que requieren de una “simulación” que se adecuará conforme a los requerimientos en cada caso en particular. La simulación para el caso del “dinero negro” consistirá en transformarlo en capital pasible de ser ingresado al circuito financiero oficial, por ejemplo adquiriendo bienes, es decir, realizar capitalizaciones.

Este dinero en general alguna vez fue llevado al exterior evadiendo tributos y al ser ingresado al país muchas veces lo hace mediante la creación de entidades o empresas fantasmas con el único fin de simular la transparencia de la operación.

Cuando de “dinero sucio” se trata, la metodología suele consistir en gastar en efectivo para la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, se pueden ocultar los fondos gastando menos, guardándolos en cajas de seguridad de bancos por ejemplo hasta pasado un tiempo prudencial, etc.

En la determinación de las estrategias seguidas por estos delincuentes, resulta de suma importancia saber el origen y destino de las operaciones. Así por ejemplo en el “blanqueo” se origina en dinero obtenido de manera ilegal, procurándose la apariencia de una obtención legal, mientras que en la “evasión” los ingresos son legalmente obtenidos pero ocultados para evitar el cumplimiento de la obligación tributaria.

Cuando se trata de “dinero contaminado”, es decir “dinero negro”, la voluntad real es la de evadir impuestos, y en general ese dinero es reinvertido en actividad productiva, adquiriendo nuevos bienes de capital o realizando inversiones.

Los efectos macroeconómicos que presentan los delitos previos como el tráfico de estupefacientes, de personas, de órganos, de armas, contrabando, sobornos, redes de prostitución, etc. y la evasión tributaria difieren resultando los segundos técnicamente más perjudiciales, a lo que debe añadirse la práctica de la “elusión fiscal”, que resulta harina de otro costal para desarrollar aquí.

Como quedara expuesto en párrafos anteriores, el problema es extremadamente complejo por múltiples razones, sin embargo, resulta infinitamente más peligroso para el destino de cualquier Nación cuando son sus propios gobernantes quienes eluden sus responsabilidades en cuanto a combatirlo o promueven su desarrollo solo buscando el beneficio individual de riqueza y poder en detrimento de los millones de ciudadanos a quienes juraron representar y velar por sus intereses.

En el marco de esta realidad que venimos padeciendo desde hace décadas, hasta llegar a un hoy inmensamente más contaminado ¿qué roles han cumplido y cumplen los Poderes Legislativo y Judicial que no haya sido el de cómplices de las diferentes mafias gobernantes? Estos Poderes adictos o permisivos a los corruptos Ejecutivos de turno, ¿no se están prestando acaso a construir dictaduras tras el discurso falaz de la democracia? ¿Cuáles y cuántos serán los grandes beneficios que esto les reporta?

Nidia G. Osimani

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