Hace bastante tiempo, varios de nosotros veníamos intuyendo un plan B, o quizás sea el C o el D. Probablemente, antes de que termine esta gestión de gobierno ya andaremos por alguno de codificación alfanumérica de más de 10 caracteres.

En fin, a esta altura de los acontecimientos, es fácil perder la cuenta, sobre todo frente a la política de no tener políticas y precisamente por eso improvisarlo todo hasta incurrir en decisiones de Estado que desde los atriles nos pretenden vender con un despliegue de arte escénico imponente pero que honestamente en su mayoría ya mueven a risa por lo disparatadas y la ingenuidad de muchos cuando creen que la intención es buena.

Hace más de dos años se viene hablando en diferentes círculos sobre la intención del gobierno de apoderarse del dinero depositado en los bancos como otra fuente más de recursos para, entre otras cosas, financiar las fuerzas de choque que según se tiene previsto, enfrentarían cualquier intento de evitar su perpetuidad en el poder. Sin ir más lejos ayer, si bien varios medios dijeron que la marcha del piquetero Luis D´elia junto a otras agrupaciones al Congreso se fundamentaba en pedir la no extranjerización de la tierra, la misma lució más como una demostración de poder “por las dudas” que un reclamo genuino.

Ya se ha analizado la cuestión en torno a los 80 mil millones que no se gastaron en el presupuesto vigente, por ejemplo, fondos que parecerían estar destinados a financiar las organizaciones sociales afines al gobierno y mantener cautivos a algunos votantes mientras se manipula a otros a través de sus punteros.

Dejando de lado las otras actividades algo más elaboradas vinculadas con adelantamientos de elecciones, cambios en las normas aunque se transformen irónicamente en ilegales, arreglo de padrones electorales, documentos de identidad, extraños trayectos de urnas que llenas y selladas no llegan, o llegan vacías o con los votos cambiados, a las que habrá que sumar algún que otro toque distintivo de la gestión imperante, lo cierto es que ahora van por los depósitos bancarios.

Pero hacerlo corralito mediante sería demasiado evidente, considerando el terror que la Sra. Fernández solía manifestar frente a las cacerolas. Entonces el plan es apoderarse de los encajes forzando una nacionalización conforme reza el Proyecto elaborado por el diputado Heller en el marco del discurso de la necesidad de modificar la Ley de Entidades Financieras por tratarse de una norma que fuera funcional a la dictadura.

Lo que se busca entonces es seguir incrementando el control del Estado por medio del Banco Central. Si se nacionaliza la banca el Estado sería el único banquero y si se nacionalizan los depósitos sería el Estado quien prestara.

Los encajes bancarios se constituyen con el porcentaje que los intermediarios financieros, los bancos, reciben de los depósitos que en ellos se efectúan, y por ley deben mantenerse congelados, ya sea en sus cuentas del BCRA o en las cajas de los mismos bancos.

Este porcentaje varía conforme al nivel de liquidez del depósito en cuestión, así por ejemplo las cuentas corrientes tendrán un porcentaje mayor de encaje que otros depósitos en tanto el retiro de dinero de éstas se puede hacer sin restricciones.

Como la función de las entidades financieras es la recepción de fondos por parte del público para prestar ese dinero, deben mantener una porción en activos de reserva o líquidos para poder afrontar los retiros de sus clientes.

Asimismo, un gobierno puede valerse de estos encajes de manera indirecta a efectos de regular el volumen de dinero que circula dentro de la economía. Si el criterio es aumentar el porcentaje requerido a los bancos, éstos se ven imposibilitados de otorgar más préstamos en tanto cuenta con menos cantidad de recursos. A la inversa ocurre lo mismo, es decir que si se disminuye el porcentaje requerido de encaje, los bancos dispondrán de mayores volúmenes de dinero para prestar.

De todos modos, la función más importante de este mecanismo es que constituye una garantía para los depositantes.

Lo que planea el gobierno entonces al modificar la Ley, es utilizar los ahorros de los ciudadanos de manera indirecta, esto es, a través de los encajes bancarios para desviarlos al financiamiento de créditos y obras públicas, lo que se sigue traduciendo en clientelismo político.

Mas allá de la versión oficial, la verdad es que hay déficit fiscal y el mismo se financia con las reservas del BCRA, a las que habrá que sumar en caso de aprobarse el proyecto del oficialismo, los encajes bancarios.

Como en este proyecto y otros que se están elaborando en torno al sector financiero, hay varios partidos de izquierda que acompañarían gustosos, el gobierno especula con contar con su voto y conseguir su objetivo, sobre todo en ciertos ítems contemplados en su redacción tales como que la actividad bancaria se transforme en un servicio público más por el que se promocione el desarrollo, regular los costos de financiamiento, etc.

Concluyendo entonces, todo se resume a una nacionalización encubierta de la banca apoderándose de manera indirecta de los ahorros de los ciudadanos, otorgando al gobierno la potestad absoluta para disponer de manera discrecional de esos fondos, incrementar su control sobre todo el aparato estatal y asegurarse la perpetuidad en el poder al mejor estilo de las conocidas dictaduras latinoamericanas vigentes. O dicho en otros términos, de aprobarse el proyecto, se estaría privatizando el Banco Central de la República Argentina a favor del matrimonio gobernante. Quien quiera oír, que oiga….

Nidia G. Osimani

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