Articulos por Aleardo F. Laría

Qué significa ser progresista en la Argentina

Wed, 15 Sep 2010 09:07:59 +0300

Según el conocido criterio de Norberto Bobbio, lo que diferencia a la izquierda de la derecha es "la diferente actitud que asumen los hombres que viven en sociedad frente al ideal de la igualdad". Pero como en los tiempos actuales la problemática de la igualdad se ha incorporado a todos los discursos políticos –incluyendo los organismos internacionales como el Banco Mundial o el BID– pareciera necesario buscar otros signos o elementos de diferenciación. Según veremos a continuación, el extendido uso del adjetivo "progresista" como sustituto de la palabra "izquierda" deja también el problema sin resolver.

Para algunos politólogos (Mastropaolo), la izquierda se define actualmente por sus preferencias por el progreso y el cambio. De esta manera, los progresistas de hoy serían la izquierda reciclada del pasado, que habiendo abandonado la hipótesis de una sustitución radical del capitalismo, aboga por iniciativas más mesuradas, que pasan por combatir la pobreza, reducir la desigualdad social, mejorar el empleo, la salud y la educación y conseguir un mayor grado de inserción de los países periféricos en los escenarios mundiales.

Sin embargo, como son pocas las personas o grupos políticos de nuestro entorno que estén en contra de estos ideales progresistas, pareciera ser necesario encontrar algunos criterios de verdad que nos permitan una aproximación más rigurosa a fin de orientarnos entre las brumas ideológicas del presente. Recuperando una vieja advertencia de Marx, lo primero que habría que hacer es juzgar a los grupos políticos o los gobiernos como a las personas, es decir, no por lo que dicen de sí mismas sino por lo que hacen en su práctica concreta.

Por consiguiente, una mirada objetiva debe estar dirigida a observar en qué medida las acciones de un gobierno están dotadas de eficacia para alcanzar las aspiraciones de las clases medias y los sectores populares que desean una calidad de vida más satisfactoria. Desde esta perspectiva, desechando por poco realistas las hipótesis de un cambio radical sistémico, debemos apuntar a la eficiencia de los instrumentos de que se han dotado las democracias modernas para impulsar el cambio social desde una acción reformista. Esas herramientas estratégicas son el aparato administrativo del Estado y el sistema impositivo.

Así, por ejemplo, si queremos que llegue a todos los ciudadanos un servicio universal de salud y educación en condiciones de calidad, las herramientas con las que cuentan los gobiernos democráticos son esencialmente dos: por un lado, un modo racional de obtener recursos a través de un sistema impositivo que permita una transferencia de ingresos desde los sectores más favorecidos al Estado como modo de financiar esas actividades y, en segundo lugar, cuando esos servicios públicos se prestan a través del Estado, contar con una administración pública profesionalizada que garantice la calidad del servicio ofrecido.

Si un gobierno, en vez de afrontar el desafío de la profesionalización de la administración del Estado, lo convierte en reservorio de clientelas electorales y usa el aparato estatal en forma desaprensiva para cubrir fines partidarios, estamos muy alejados de un perfil progresista. No existe hipocresía política mayor que proclamar enfáticamente la defensa del rol del Estado y luego deslegitimar su actuación al usarlo para favorecer a amigos y partidarios. Del mismo modo, el fenómeno de la corrupción, que tanto desprestigio causa a la democracia, está siempre inextricablemente unido al uso desviado del poder para favorecer a un capitalismo de amigos.

En lo que se refiere al sistema impositivo, un modelo moderno se basa en una recaudación considerable y eficiente de impuestos directos, evitando los atajos distorsivos y el acento en los impuestos indirectos como el IVA. En este sentido, los especialistas denuncian la especial anomalía argentina, que descansa en un IVA sobreelevado, impuestos que penalizan los depósitos bancarios y retenciones a las exportaciones que los países de nuestro entorno no contemplan.

En definitiva, para situar a una fuerza política o a un gobierno en la izquierda o la derecha, en el progreso o en la senda conservadora, debemos atender a las realizaciones efectivas más que a las definiciones abstractas o las denominaciones que se agitan como banderas de conveniencia. La Argentina no emprenderá una vía de progreso hasta que no aborde una reforma fiscal y blinde a la administración del Estado del clientelismo desaprensivo que se practica desde nuestro anacrónico modelo monárquico-presidencialista. Estas tareas inconclusas marcan el verdadero perfil conservador de nuestro peculiar "modelo" vernáculo.

Aleardo F. Laría
DyN

Las insólitas injurias de Boudou hacia Clarín y La Nación

Wed, 08 Sep 2010 08:47:39 +0300

Para el ministro de Economía, Amado Boudou el diario La Nación y el CEO de Clarín, Héctor Magnetto “son buitres y pulpos, porque van extendiendo sus tentáculos”. La deducción que obtiene Boudou ha sido la consecuencia de un fallo favorable a esas empresas, dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Este uso vulgar del léxico, en boca de un ministro, apenas sorprende, en un contexto donde la violencia del lenguaje político ocupa el lugar simbólico que la acción directa tuvo en nuestro pasado reciente.

El uso de metáforas extraídas del mundo de la zoología es una vieja práctica, que persigue básicamente estigmatizar al adversario político.

Para Fidel Castro, los exiliados cubanos en Miami son “gusanos” y en nuestro entorno, el uso de expresiones como “infiltrados” en la época de la dictadura, remite a la idea de un virus infeccioso al que se podía tranquilamente extirpar o “aniquilar”.

Para los seguidores de la causa nacional y popular, sus adversarios son “gorilas” y en el pasado colonial, los judíos conversos que conservaban sus costumbres eran considerados “marranos”, una expresión de origen sefardí para referirse a la carne de cerdo.

El propósito que se persigue cuando se degrada al adversario político a la condición de gorila, buitre o gusano, es obvio. Se trata de deslegitimarlo a los ojos del público que sólo por inopia mental podría votar o confiar en seres que han perdido su condición humana.

El lenguaje es, como señalan los semiólogos, “connotativo”, es decir capaz de connotar o sugerir un significado diferente al sentido original de las palabras, que pueden adquirir así una nueva significación asociada al contexto cultural de los hablantes.

Este uso deslegitimador del léxico, está dirigido a obstaculizar el curso normal de la alternancia política y es un recurso retórico que constituye uno de los rasgos típicos del populismo.

Los líderes políticos que se consideran portadores de una misión histórica, que para su realización completa requiere más de un mandato constitucional, aspiran a perpetuarse en el poder y tratan de convencer a los ciudadanos que cometerían un error histórico si optaran por votar a gorilas, buitres o gusanos.

Para el politólogo español Rafael del Águila, existen dos modalidades contrapuestas en el modo de abordar el fenómeno de lo político. Una, basada en las visiones pesimistas, que se remontan a Hobbes, Maquiavelo y Carl Schmitt, que consideran a la política como un hecho conflictivo y violento.

En ese contexto, el lenguaje de la política es un instrumento más, cuyo uso como arma arrojadiza se legitima en relación con los fines que persigue el actor político frente a la oposición.

Para una segunda interpretación, que arranca con Aristóteles y es recogida en la modernidad por los filósofos políticos del consenso -Rawls, Habermas, Bobbio- los ciudadanos utilizan la palabra como la herramienta básica para deliberar sobre los asuntos públicos. De este modo, las personas se humanizan, dado que en la definición aristotélica, es el uso del lenguaje lo que separa al hombre de los animales.

En una visión democrática, las instituciones canalizan y posibilitan el intercambio dialéctico entre los miembros de una comunidad, que aspira a alcanzar ciertos consensos que faciliten la vida en común. Y los dirigentes políticos electos reciben sólo un mandato transitorio para gestionar un proyecto compartido que en su núcleo esencial debiera estar por encima de banderías partidistas.

La pretensión de sustraerse a la alternancia democrática, sólo puede entenderse como un residuo anacrónico de las antiguas monarquías hereditarias.

El léxico político es fiel reflejo de la sociedad. El uso de determinados términos nos proporciona información valiosa sobre los modos y comportamientos que caracterizan una comunidad política.

Si se efectuara un pormenorizado estudio sobre los usos del lenguaje en el actual panorama político de nuestro país, los resultados serían deprimentes. Y nadie puede negar el impulso consistente que esta dinámica recibe desde el proscenio gubernamental.

La Argentina necesita salir de este cruce visceral de improperios, para debatir sobre los medios y modos de construir una sociedad más productiva, eficaz, justa y solidaria.

Pero la condición básica que posibilita el intercambio de ideas es el reconocimiento de la legitimidad de otros puntos de vista y de otros intereses diferentes a los que cada uno defiende.

Para esto, es preciso sortear la trampa intelectual de los que piensan que han sido investidos por los dioses de una capacidad excepcional para diseñar el perfil de nuestro futuro.

Aleardo Laría
DyN

Los neopopulismos autoritarios

Tue, 31 Aug 2010 09:44:37 +0300

Existe una marcada dificultad en la cultura política de los argentinos por respetar el principio de imparcialidad que en una democracia debe presidir las actuaciones del Estado.

Si se contara con una Administración Pública conformada por una burocracia profesional y no la actual, colonizada por clientelas políticas, sería más fácil distinguir al Gobierno del Estado. Pero inmersos en una rutina cultural, donde se acude sin rebozo al uso patrimonialista del aparato estatal, todo queda confundido.

En las democracias avanzadas, se diferencia claramente el Gobierno, es decir el reducido núcleo de dirigentes que acceden al poder a través de las elecciones, de la Administración Pública del Estado, una estructura altamente profesionalizada y permanente, de funcionarios responsables de la gestión pública.

El partido político que ocupa el poder, accede al control político de la gestión pública que se hace a través del aparato administrativo del Estado, pero no se apropia del Estado ni puede utilizarlo para fines que desnaturalizan su función.

Por su parte, los funcionarios del Estado actúan sometidos a unos protocolos conformados por las leyes administrativas y no pueden ni deben apartarse de los procedimientos legalmente regulados. Todos estos principios, básicos en la gestión administrativa del Estado, vienen siendo sistemáticamente vulnerados en las intervenciones irregulares del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, producidas recientemente en los casos Fibertel y Papel Prensa.

En el primer caso, una decisión sorpresiva de un ministro, que se adopta sin incoar el preceptivo procedimiento administrativo ni permitir el ejercicio del derecho de defensa, da lugar a la caducidad de una licencia, que causará perjuicios probablemente irreparables a una empresa privada.

En el caso Papel Prensa, el Gobierno, usurpando funciones y competencias propias del Poder Judicial, inicia una investigación anómala que da lugar a un sumario en el que se acumulan 26.000 fojas, sin que las partes afectadas hayan podido ejercer ningún control sobre el material probatorio acumulado.

El informe titulado "Papel Prensa: La Verdad", presentado por la Presidenta, se basa en una labor realizada por una "Comisión Investigadora" designada motu propio por el Poder Ejecutivo, que ha actuado en forma semi clandestina, al margen de cualquier procedimiento administrativo reglado.

Si bien la Presidenta instruyó al procurador del Tesoro y al secretario de Derechos Humanos a que presenten las demandas judiciales correspondientes, esta orden es tardía y se produce luego de meses de una investigación irregular que tiene todos los visos de ser parcial y destinada a crear un estado de opinión desfavorable a las empresas involucradas. El resultado es un informe acomodado ad usum Delphin, es decir a los intereses del ocasional ocupante del poder.

En los procedimientos de la justicia criminal, que se realizan para investigar la existencia de un delito, la presencia de un juez de instrucción es la garantía de que la labor indagatoria será imparcial y resguarda el derecho de defensa de las personas afectadas.

Por lo tanto, actualmente carecen de toda legitimidad los procedimientos inquisitoriales, en los que los afectados no puedan controlar la producción de los medios de prueba, para garantizar de este modo la pureza y ecuanimidad de la investigación en la etapa inicial de instrucción.

Por otra parte, cuando un funcionario público tiene indicios racionales de que se ha producido un delito, está legalmente obligado a poner el caso en conocimiento de la Justicia. No puede arrogarse facultades judiciales e iniciar una investigación por su cuenta. Menos aún, acumular 26.000 folios en un sumario, sin permitir la intervención de los afectados.

La Presidenta ha afirmado que, después de leer el informe oficial, le quedó "un sabor amargo y la certeza de que existe un poder que está por encima de la primera magistratura". En realidad ha sido la propia Presidenta la que se ha colocado por encima de la Ley. De igual modo, resulta también amargo contemplar cómo se utilizan los recursos del Estado para instrumentalizar venganzas políticas o revanchas personales.

Los corifeos de los "neopopulismos" latinoamericanos, se molestan por las acusaciones de autoritarismo que provienen de los sectores tildados de "demo-liberales". Pero luego resulta que estos gobiernos neopopulistas adoptan comportamientos abusivos que alimentan y dan sustento a esas acusaciones.

Lo más lacerante es que este desprecio por las formas, da lugar a desgastantes batallas políticas que agobian a la ciudadanía y no reportan beneficio alguno. Así, seguimos insertos en una dinámica absurda, donde lo banal ocupa el lugar de lo importante.

Aleardo F. Laría
DyN

"Traidores", el kircherismo y su cierre totalitario ante la crítica

Tue, 24 Aug 2010 16:59:07 +0300

Para Aníbal Fernández, el locuaz jefe de Gabinete, tanto el vicepresidente Julio Cobos como el diputado y presidente del Bloque Federal Felipe Solá son unos execrables "traidores". La expresión inunda permanentemente los foros de internet. Para los disciplinados equipos de blogueros del oficialismo, la lista de "traidores" —es decir de todos aquellos que simplemente se decepcionaron con el gobierno del matrimonio de los Kirchner— es portadora del más infame pecado contemplado en la obra "La Divina Comedia" de Dante Alighieri, que conllevaba el ser devorados por Satán.

El calificativo "traidor" se asocia al uso que tiene la expresión "apóstata" o "converso" en las religiones del libro. La mayoría de las religiones, en algún momento de su historia, ha enviado a la hoguera o a la prisión a quienes han cuestionado los dogmas de la fe. En algunos países islámicos el delito de apostasía todavía se pena con la muerte. También los totalitarismos políticos y las diversas expresiones de las religiones políticas (como el estalinismo) han atacado ferozmente a quienes cuestionaban las verdades absolutas de los dogmas fundacionales.

En el mundo de la psicología social, el fundamentalismo dogmático se explica como una manifestación de inseguridad en la fuerza argumentativa de las propias ideas. Según señala Marcel Gauchet ("La religión en la democracia"), la rigidez y cerrazón de las sectas, que dividen a los que están dentro y fuera del grupo entre un "ellos" y un "nosotros", dan lugar a una ortodoxia estrecha y quisquillosa. A medida que se va debilitando el núcleo trascendente de la creencia, aumentan la rigidez y el intento de disciplinar a los fieles.

El uso y abuso de ciertos recursos retóricos, dirigidos en principio a las clientelas electorales –como el relato maniqueo que divide la sociedad entre representantes auténticos de los intereses populares y perversos comisionados de la oligarquía y el imperialismo– termina por convencer a sus propios autores. Al creerse portadores de misiones escatológicas como la de liberar al pueblo de sus opresores o crear un "hombre nuevo", los niveles de delirio se hacen crecientes y el contacto con la realidad, menos consistente.

La adhesión fanática a los principios se torna más vigorosa en la medida en que surge una pluralidad de pensamientos que cuestionan las ideas establecidas en el grupo. De este modo se produce la metamorfosis de las creencias en identidades cerradas, que son impermeables a toda crítica. Las identidades ideológicas son intransigentes y agresivas, dado que las cuestiones de fe no se argumentan ni discuten.

Si el fenómeno quedara reducido a una simple dificultad personal de incorporar el principio intelectual en que se basa el pluralismo —"la aceptación por parte del creyente de la existencia legítima de otras creencias en relación con la suya propia"— no habría mayores problemas. La intolerancia quedaría desnuda en el debate intelectual y allí se acabaría el asunto. Pero cuando la intolerancia afecta a un partido político que por vías democráticas se ha hecho con el poder, la cuestión toma otra dimensión.

La experiencia histórica demuestra sobradamente que el ensimismamiento y el cierre totalitario frente a la crítica provocan indefectiblemente una recaída permanente en el error. Al aumentar los errores aumenta la crítica, lo que provoca una mayor irritación en el grupo detentador del poder, que termina por intentar erradicar las fuentes de la crítica en una deriva creciente de autoritarismo. Un ejemplo de creciente autoritarismo lo tenemos actualmente en Venezuela, y la prueba del efecto que provoca la falta de pluralismo lo muestra con elocuencia el penoso fracaso de la revolución cubana.

Tanto la revolución cubana como el "socialismo bolivariano del siglo XXI" de Chávez o el gobierno "nacional y popular" del matrimonio Kirchner generaron en sus orígenes una corriente de simpatía en los círculos progresistas de izquierda. Pero en todos estos casos la acumulación permanente de errores, la arrogancia intelectual de ignorarlos y la creciente deriva autoritaria han decepcionado a muchos de sus seguidores, que han preferido depositar sus esperanzas y expectativas en fuerzas y movimientos políticos renovadores, como puede ser ahora el caso de Proyecto Sur en la Argentina.

La progresiva sustitución del debate de ideas por la confrontación rudimentaria de identidades que se verifica actualmente en la Argentina supone una degradación de la democracia. Pero en las democracias, la obra de un gobierno, como toda labor humana, está sujeta a la opinión ética y estética de los ciudadanos. De igual modo que una obra artística puede resultar atractiva para algunos y espantosa para otros, la eficacia en la labor de gestión ejecutiva puede dar lugar a juicios dispares según el valor que se asigne a los éxitos o fracasos alcanzados en distintos planos. No hay nada moral ni perverso en ese juicio.

El retorno de lo religioso-reprimido, que se verifica con la defensa mística de la labor del gobierno, frente a la crítica que proviene de "los otros-traidores", obtura el debate democrático. En una democracia avanzada nadie puede exigir la adhesión confesional a una Iglesia ni pensar que sus actuaciones son fruto de una relación privilegiada con Dios.

Aleardo F. Laría
DyN

Retenciones: una excusa brillante para encarar una reforma impositiva progresista

Thu, 19 Aug 2010 08:27:41 +0300

Actualmente se discute en el Congreso la supresión de las facultades extraordinarias delegadas al Ejecutivo y un nuevo régimen que regule el sistema de Retenciones a las Exportaciones Agropecuarias.

La existencia, consolidada por el transcurso del tiempo, de impuestos distorsivos, como son las llamadas Retenciones o el denominado Impuesto al Cheque, no permiten encontrar soluciones fáciles para eliminar o sustituir estas fuentes de financiamiento de los presupuestos públicos.

Sin embargo, existen fórmulas técnicas que podrían atemperar los efectos perversos de estos impuestos y contribuir a mejorar la irracional estructura impositiva argentina.

La primera afirmación que cabe formular es que, a diferencia de lo que sostiene gran parte del establishment, en la Argentina, en términos comparativos con otros países, la presión impositiva real es baja.

Según el economista del Plan Fénix, Jorge Gaggero la presión tributaria argentina es muy inferior a la de Brasil o a la de los países más desarrollados. En la Argentina estaría en el orden de 30% del PBI, mientras que en Brasil ya se acerca a 40 %.

La percepción ciudadana de que los impuestos en la Argentina son excesivos no es, sin embargo, totalmente infundada y obedece al efecto provocado por la extendida evasión fiscal, que consigue que la presión fiscal sea elevada sobre las personas que cumplen con sus obligaciones, mientras es menor o eventualmente inexistente en las personas o sociedades que logran evadir el pago de los impuestos.

Otra cuestión estrechamente vinculada a la anterior es también la percepción de la baja calidad del gasto público financiado con los impuestos, fenómeno que contribuye a la auto justificación de la elusión fiscal.

Según estimaciones de un informe reservado realizado por la Afip, que recientemente publicó Página/12, la evasión en el Impuesto a las Ganancias en el sector agropecuario, correspondiente al último ejercicio fiscal, 2009, alcanzó los $ 6.500 millones.

El dato sugiere que una proporción importante de la actividad agropecuaria se maneja en un circuito “negro” y que la presión tributaria sobre el sector resulta, en consecuencia, notablemente más baja que la que soporta el resto de sectores económicos.

Por otra parte, y en la medida en que se aplican como una suerte de Impuesto a los Ingresos Brutos, sin tomar en cuenta las diferentes rentabilidades de las explotaciones ni su tamaño, las Retenciones a las Exportaciones Agropecuarias pueden estar gravando de modo insostenible a determinados productores.

De modo, que todo apunta a la necesidad de ir a una reforma radical de la estructura impositiva argentina, algo que inexplicablemente viene demorando un gobierno que se ufana de “progresista”, cuando justamente, la primera obligación de todo gobierno progresista (o de izquierda), consiste en diseñar un modelo fiscal que garantice una redistribución equitativa de la renta.

En materia de Retenciones, una de las iniciativas que se barajan, es la de computarlas a cuenta del Impuesto a las Ganancias y esta fórmula permitiría alcanzar varios objetivos al mismo tiempo.

El Gobierno no sufriría una desfinanciación súbita y los productores agropecuarios podrían luego deducir en el momento del pago de Ganancias, las cantidades adelantadas a cuenta. De esta forma, quienes hubieran incurrido en pérdidas podrían obtener una devolución tributaria compensatoria.

Finalmente, el sistema obligaría todo el sector agropecuario a cursar alta en el pago del Impuesto a las Ganancias, con lo que se reduciría esa elevada tasa de evasión impositiva verificada en el sector.

En los países europeos, una de las fórmulas ideadas para evitar la evasión, consiste justamente en aplicar Retenciones en el origen de todas las rentas, que son compensadas al final del ejercicio fiscal, de modo que las personas o sociedades tributen finalmente en función de sus beneficios reales.

Así, por ejemplo, están obligados a retener alrededor de 20% quienes pagan Rentas de alquiler a los propietarios de viviendas o locales de negocios; las sociedades anónimas, cuando pagan dividendos a los accionistas; los bancos o entidades financieras, cuando abonan los intereses por los tenedores de plazos fijos y, en general, en todos los pagos que se efectúan a los profesionales independientes (médicos, abogados, arquitectos, etc.).

Las rentas salariales, como ocurre en la Argentina, también son objeto de retenciones variables por los empleadores, según el nivel de ingresos y situación familiar de cada trabajador.

Las Retenciones efectuadas en el origen de las Rentas tienen la enorme ventaja que obligan luego a todos los contribuyentes a presentar su correspondiente declaración del impuesto a la Renta, blanqueando de este modo su situación fiscal.

Con este sistema, en la Argentina se lograría mejorar la recaudación de impuestos directos y acabar con una de las mayores fuentes de inequidad fiscal, dado que el peso actual de la recaudación recae sobre los impuestos indirectos como el IVA.

No existe ninguna posibilidad de modernizar un país sin contar con un sistema impositivo eficiente, racional, equitativo y dotado de herramientas que garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales, a todos sin excepción.

Los procesos de modernización en las democracias avanzadas, han comenzado siempre por una profunda reforma fiscal seguida de una profesionalización estricta de los cuadros de la administración pública encargados de aplicar las leyes fiscales. El panorama que ofrece la Argentina hoy, enfocando la vista sobre la anomalía fiscal, es el de un conservadurismo atroz y vergonzante.

Aleardo F. Laría
DyN

Pobreza, sistemas económicos y desigualdad de ingresos

Fri, 13 Aug 2010 19:04:57 +0300

Sebastián Edwards es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y autor de más de una docena de libros sobre economía latinoamericana. Hace algunos años (1991) publicó, junto con el malogrado Rudi Dornsbusch, "Macroeconomía del populismo" y recientemente, abundando en el mismo tema, "Populismo o mercados" (Editorial Norma). Sus tesis van en dirección contraria a la opinión extendida que atribuye el fracaso económico de los países latinoamericanos al neoliberalismo y a las políticas diseñadas desde el FMI. Por ser fruto de un pensador iconoclasta, sus tesis merecen ser conocidas y debatidas.

Edwards reconoce que después del colapso financiero global del 2008 han crecido notablemente las críticas a la globalización y a los sistemas económicos basados en la competencia y el mercado. El derrumbe de los mercados financieros en los países avanzados es visto como fruto de los excesos de un capitalismo arrogante y no regulado que ha permitido la expansión desproporcionada del área financiera en desmedro de la economía productiva. Pero esa visión que en líneas generales puede ser aceptada, no debe impedir una visión crítica del desempeño de las economías latinoamericanas, lastradas todavía por lo que define como políticas populistas.

La tesis central de Edwards es que, contrariamente a la opinión generalizada, durante las décadas de 1990 y 2000, la mayoría de los países latinoamericanos avanzó en forma muy tímida y limitada en la modernización de sus economías. Las reformas económicas iniciadas han sido incompletas y no han permitido que América Latina se convierta en una región competitiva de alto crecimiento económico. Por consiguiente, las reformas del Consenso de Washington "no hicieron más que arañar la superficie de las ineficiencias legendarias de América Latina".

El mediocre desempeño de la región durante las décadas pasadas poco o nada tiene que ver –afirma Edwards– con el neoliberalismo, la apertura comercial o la globalización y es más bien el resultado de no haber adoptado las políticas e instituciones de un capitalismo innovador y moderno. Si bien es cierto que entre 1990 y el 2005 una sucesión de crisis cambiarias tuvo efectos devastadores sobre las economías latinoamericanas, la causa principal de estas crisis fueron políticas que fijaron rígidamente el valor de las monedas nacionales al del dólar de Estados Unidos a niveles artificialmente altos. Sin embargo, esta política de tasa de cambio fijo no era un componente central de las reformas modernizadoras que, como consecuencia de la crisis, quedaron nuevamente aplazadas.

La otra afirmación de Edwards es que, al contrario de lo que afirman los críticos de la globalización y los neopopulistas, las desigualdades de América Latina no son producto del Consenso de Washington ni de las reformas incompletas de la década del 90. La causa principal de la desigualdad es el sistema educativo desastroso y de pésima calidad prevaleciente en prácticamente todos los países de la región. Los niños latinoamericanos no reciben una educación sólida que los prepare para los desafíos tecnológicos del siglo XXI y lo preocupante es que nada se hace para subsanar esta grave anomalía.

Edwards es muy crítico con los sindicatos docentes y los partidos de izquierda que han resistido sistemáticamente los esfuerzos realizados por reformar y modernizar los sistemas educativos en la mayoría de los países latinoamericanos. Profesores mal preparados, currículos inadecuados, negativas sistemáticas a rendir cuentas y medir resultados, elevado grado de ausentismo y desconexión entre remuneración y el desempeño son algunos de los factores que impiden mejorar la calidad de los sistemas educativos.

La calidad del sistema educativo argentino ha venido empeorando en forma notoria en los últimos años, a la luz que arroja la evaluación efectuada en el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). En el 2006, año en que intervinieron seis países latinoamericanos en la evaluación de ciencias, sobre 57 países obtuvieron los siguientes resultados: Chile el puesto 40, Uruguay el 42, México el 48, Argentina el 50, Brasil el 51 y Colombia el 52. Por el contrario, los países que son exportadores avanzados de materias primas obtuvieron mejores resultados: Canadá puesto 7, Nueva Zelanda 11 y Australia 13.

Edwards afirma que los políticos populistas latinoamericanos nunca han encarado de forma efectiva el reto educativo. Todos hablan de mejorar la educación, pero nadie ha estado dispuesto a confrontar con los sindicatos docentes para introducir pagos por méritos, rendición de cuentas y mayor competencia. Los líderes populistas han confiado en aumentar el gasto educativo, pero esto es insuficiente si no va acompañado de reformas sustantivas en los sistemas de enseñanza.

El drama es que la deplorable calidad del sistema educativo es una de las causas principales que contribuyen a la pobreza y la desigualdad de ingresos en la región. Al descuidar el sistema educativo, los países latinoamericanos no han podido aumentar el nivel de destreza de su fuerza laboral y se han quedado rezagados en relación con otras regiones del planeta. No hay modo de salir de la trampa de la pobreza si no es mediante el aumento de la productividad general de la economía a través de mejorar la capacidad de aprendizaje de los jóvenes. Hay que tomar conciencia, más pronto que tarde, de la estrecha relación que vincula nuestra pobreza con la falta de calidad de los sistemas educativos.

Aleardo F. Laría
Abogado y periodista

Más nos vale que los movimientos sociales resistan el acoso del poder

Tue, 03 Aug 2010 19:10:00 +0300

Los movimientos sociales ponen el acento en el mundo de la vida y escapan a la forma tradicional de la política. La patrimonialización de los movimientos sociales por sus dirigentes es parte de nuestra mediocre cultura política.

Existe una sólida corriente de opinión que sostiene que las modernas democracias necesitan una fuerte presencia de la sociedad civil para evitar que la lucha entre los partidos políticos ocupe todo el espacio de la política. La politóloga Chantal Mouffe sostiene que la sociedad se vuelve más democrática en la medida en que se preserva la diversidad.

La “reapropiación” de la esfera política por las fuerzas y movimientos que emanan de la sociedad civil debe ser defendida. Los movimientos sociales ponen el acento en contenidos del mundo de la vida y escapan a la forma tradicional en que se codifican las diferencias políticas (izquierda/derecha; liberal/conservador).

Con el propósito de que estos movimientos no pierdan la esencia que los caracteriza, sus adherentes reivindican ciertos valores que los alejan de los sistemas de lealtad que caracterizan a los partidos políticos.

Como señala Claus Offe, (“Partidos políticos y nuevos movimientos sociales”, Editorial Sistema) “de entre esos valores, los más preeminentes son la autonomía y la identidad en oposición a la manipulación, el control, la dependencia, burocratización, regulación, etc.”. La defensa de la autonomía tiene en la Argentina un valor especial, dada la tendencia de nuestro régimen presidencialista a incorporar a la cola del cometa presidencial a todos los pequeños partidos o movimientos sociales que toleran ser absorbidos. Luego, cuando quedan bajo la hegemonía presidencial terminan disueltos por la propia dinámica del poder, que los quema como a las partículas que conforman la cola de los cometas.

Como algunos adherentes de los movimientos sociales toman conciencia prematura de los riesgos que entraña buscar el amparo oficial, la consecuencia inevitable es la división interior. Los responsables de estos desencuentros son naturalmente los dirigentes que por error estratégico o cálculo de conveniencias se suman frívolamente al cometa presidencial.

Un ejemplo de todo lo expuesto se puede encontrar hoy en los enfrentamientos que dividen a la CTA y a las Madres de Plaza de Mayo. En el primer caso, el acercamiento ostensible al “gobierno popular” de su actual secretario general, Hugo Yasky, y su incomprensible afinidad con los elementos más destacados del sindicalismo mafioso colocan a la CTA al borde de una dolorosa ruptura.

En lo que se refiere a las Madres de Plaza de Mayo, la proverbial incontinencia verbal de su presidenta, Hebe de Bonafini, y su clara adscripción a la política de los “cristinos” ponen al resto de adherentes en una situación sumamente incómoda. Esta patrimonialización de los movimientos sociales por parte de dirigentes que los utilizan como plataformas de proyección personal, forma parte de nuestra mediocre cultura política.

Los valores de los derechos humanos, de la paz, de la calidad institucional, sólo se pueden preservar en el marco del respeto político a otros valores como el de la autonomía, identidad y autenticidad.

Dada la notoria incapacidad estructural de las instituciones políticas para actuar eficazmente frente a violaciones a los derechos humanos, privaciones sociales y a los riesgos y amenazas que se ciernen sobre el entorno, más nos vale que los movimientos sociales sepan resistir el acoso obstinado del poder.

Aleardo Laria
DyN

Ya es un hecho: la Argentina necesita más debate político

Fri, 30 Jul 2010 06:40:14 +0300

La idea de un acuerdo de gobernabilidad fue lanzada el año pasado por el ex presidente Eduardo Duhalde y el dirigente radical Rodolfo Terragno, quienes han venido trabajando de común acuerdo para el diseño de algunas políticas.

Informaciones periodísticas dan cuenta de que los grandes partidos de la oposición negocian un acuerdo de gobernabilidad para 2011 y que aspiran a definirlo antes de fines de año.

Bajo distintas denominaciones —algunos hablan de “pacto republicano”, otros de “políticas para el desarrollo”— se trataría de acordar un conjunto de políticas públicas que serían respetadas, cualesquiera que fuera el partido que obtuviera el poder.

Estos acuerdos no deben ser confundidos con las alianzas o frentes electorales, dado que preservan el perfil individual y el programa más amplio de cada partido.

Cuestiones como las políticas de desarrollo productivo, la política energética, la educación y las relaciones exteriores, son candidatas naturales a formar parte del acuerdo. En materia institucional, temas como los poderes delegados, el ejercicio del derecho de veto, el uso y abuso de los DNU, podrían conformar la parte institucional dirigida a limitar los excesos del presidencialismo.

Finalmente, un pacto de no agresión, para acabar con las tradicionales políticas de confrontación simbólica, podría coronar el acuerdo.

En notas periodistas, se han pronunciado a favor de la iniciativa dirigentes políticos como Julio Cobos, Roberto Lavagna y José Scioli e intelectuales como Natalio Botana, Daniel Zovatto y Luis Alberto Romero.

Recientemente, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, hizo también un llamado a alcanzar un “auténtico acuerdo sobre políticas públicas” como modo de promover la cultura del encuentro y dejar de lado “la opción por los conflictos”.

Los cuestionamientos a una iniciativa de este tipo provienen de sectores intelectuales próximos al oficialismo. Así, por ejemplo, para Luis Bruschtein “en la Argentina hay conflicto, porque en el mundo hay conflicto, porque así es la vida de los seres humanos y porque una parte del conflicto es el desenlace y el acuerdo, tanto como la tensión, la negociación y la concesión. El peor país de todos ha sido cuando dijeron que no había conflicto, porque eso implicaba que se estaba silenciando a alguien”.

Para Edgardo Mocca, detrás del enunciado conciliador se esconde la intención de sacar de la agenda política todos los puntos que comprometen intereses y valores de los sectores más poderosos de nuestra sociedad.

En la misma línea, José Natanson opinó que “el pacto de la Moncloa es el último grito de la política argentina. Todos —dirigentes, intelectuales livianos y esa fuente inagotable de frases vacías que son la mayoría de los periodistas televisivos—, lo mencionan como la fórmula mágica para la felicidad”, ha escrito.

“Pero como todos los lugares comunes, el de la Moncloa también merece discutirse. El primer error, el más básico, consiste en suponer que el desarrollo español de las últimas décadas se explica por el simple hecho de que sus elites un día se pusieron de acuerdo alrededor de algunos temas básicos, ignorando el pequeño detalle de la ubicación geográfica: desde su reinserción en Europa, España ha sido el máximo receptor, en cifras absolutas, de los fondos europeos, creados por la Unión Europea”, añade.

Estas voces escépticas, que hablan desde las coordenadas de un pasado ideológico donde toda la política se reducía a “la lucha de clases”, carecen de razón.

Las ventajas de definir políticas de Estado para el largo plazo utilizando el método del consenso son evidentes, puesto que de este modo adquieren continuidad y quedan fuera de los vaivenes de los ciclos electorales. Estas prácticas no cancelan el espacio de la política, dado que se limitan a acotar un sector de políticas públicas compartidas, dejando librado el resto de temas a las diferencias ideológicas tradicionales que caracterizan a los partidos políticos.

Por otra parte, en un sistema presidencialista como el argentino es importante que el debate político deje de centrarse en las características personales de los candidatos y se organice alrededor de propuestas programáticas. La historia recoge innumerables casos de candidatos que no han revelado sus verdaderas intenciones políticas y que, al alcanzar el poder, han dado giros de 180 grados provocando un enorme desgaste al sistema democrático en su conjunto.

Finalmente, como recuerda Daniel Zovatto, a diferencia de Brasil y otras naciones de nuestro entorno, no existe entre las élites dirigentes de nuestro país un acuerdo que, respetando las diferencias, de continuidad a un proyecto de Nación. Somos un país sin proyecto estratégico, sin una visión compartida que sintetice lo que se quiere ser en el mediano y largo plazo y la forma de lograrlo.

Por lo tanto, acierta Fernando Straface, director del Cippec, cuando vincula los consensos con la calidad institucional y reclama a quienes participamos en la vida política de nuestro país, “promover el debate sobre las políticas como camino central hacia la reconstrucción de una gobernabilidad de calidad en la Argentina”.

El siglo XXI marcha de manera acelerada y no nos espera, añade Zovatto. “Debemos escapar de una vez por todas de esta ‘miopía estratégica’ que nos tiene atrapados desde hace tanto, del cortoplacismo, de la improvisación, de la ley del odio y la discordia interna que sigue vigente y que hace falta derogar para siempre”, aconseja.

Aleardo Laría
DyN

Urge mirar cómo Brasil genera consensos y sustenta su desarrollo

Thu, 27 May 2010 09:25:28 +0300

Brasil se ha puesto de moda y su periplo de los últimos años desactualiza todas las hipótesis que en el pasado se tejieron sobre las causas del subdesarrollo de los países latinoamericanos.

Es posible iniciar un camino sustentable hacia el desarrollo, simplemente consensuando un proyecto nacional y convocando al conjunto de los sectores políticos y sociales a sostenerlo y la acción política debe servir para preparar y acompañar ese consenso, garantizando su continuidad en el tiempo.

Lula da Silva estuvo en Madrid en la reciente cumbre UE-América latina y fue el único presidente invitado a participar en un seminario especial organizado por el diario El País sobre la nueva potencia regional emergente.

El presidente resumió en una frase su versión sobre el modo de alcanzar el éxito: “Brasil es un país serio y éste es una camino sin retorno”.

Los resultados que arrojan sus ocho años de gobierno son espectaculares. Durante ese período se han creado 14 millones de puestos de trabajo y 30 millones de pobres han ascendido a la clase media. Con unas tasas de crecimiento moderadas pero sostenidas, la economía brasileña ha conseguido recuperar un buen equilibrio macroeconómico, alejándose de los riesgos de un default a los que le acercaba una deuda pública elevada.

Actualmente, Brasil es autosuficiente en el suministro de petróleo y la Casa Civil del gobierno brasileño -dirigida por la aspirante a suceder a Lula, Dilma Rousseff- ha diseñado un ambicioso plan de inversiones en infraestructuras -carreteras, líneas de ferrocarril, tendidos eléctricos- abierto al capital extranjero.

Según las previsiones del Banco Central, la inversión extranjera directa alcanzará los 45.000 millones de dólares durante 2010.

De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora AT Kearney, basado en la opinión de ejecutivos de las principales compañías del mundo, Brasil es en este momento el cuarto país favorito en el mundo para invertir, detrás de China, USA y la India.

El gran proyecto vertebrador de Brasil diseñado por el equipo de Lula -denominado PAC- está dando resultados extraordinarios y canaliza ingentes cantidades de dinero hacia mejoras en logística, energía y proyectos sociales en áreas urbanas.

Son 200.000 millones de euros invertidos entre 2007 y 2010 que se materializan en 2.471 obras. El 55% ya ha sido concluido, 32% aún está en ejecución y tan sólo 13% se encuentra todavía en proceso de licitación. Durante este año, se ejecutará el mayor volumen de obras previstas en el PAC y además arrancarán los trabajos de las infraestructuras necesarias para los Mundiales y los Juegos Olímpicos.

Según un informe especial publicado recientemente por el semanario The Economist, Brasil podría convertirse en una de las cinco economías más potentes del mundo antes de mediados de siglo.

“Brasil está en racha”, dice el análisis del semanario británico, al subrayar que este país nunca había conocido una situación en la que convivieran democracia, inflación controlada y crecimiento sostenido.

Preguntado en Madrid sobre las razones del éxito, el presidente Lula ha utilizado la palabra “seriedad” que es otra manera de hacer referencia a la previsibilidad.

Los países que ganan credibilidad internacional son aquellos que anuncian planes y proyectos y luego los confirman con una acción de gobierno coherente con los objetivos anunciados. La previsibilidad genera confianza y estimula las inversiones productivas que demandan largos períodos de maduración.

Un buen resumen de la estabilidad institucional que ha alcanzado Brasil lo hizo el propio presidente cuando afirmó que “a nadie inquieta quién va a ganar las próximas elecciones”. Es el gran cambio de Brasil, añadió, que alejado del maniqueísmo característico de los populismos latinoamericanos, se permite una alternancia tranquila y sin sobresaltos.

Mérito indudable de Lula, quien sucedió al socialdemócrata Henrique Cardoso sin modificar los lineamientos básicos de modernización que éste había impreso a su gestión.

Pero cuando la acción política, lejos de trabajar en la búsqueda de consensos, se empeña en levantar falsas antinomias y juega a la deslegitimación permanente de los adversarios, el resultado no puede ser más desalentador.

En ese clima vociferante de aullidos y reproches, se encuentra hoy la Argentina, en medio del festejo del Bicentenario. El ejemplo de Brasil debería invitar a hacer una reflexión serena, alejada de la algarabía que rodea los fastos.

Aleardo Laría
DyN

Cumbre Unión Europea y América Latina

Sun, 16 May 2010 22:29:18 +0300

Está previsto que los próximos 17 y 18 de mayo tenga lugar en Madrid la VI Cumbre Unión Europea-América Latina. La relación entre los países latinoamericanos y la UE no ha alcanzado aún la profundidad que debiera, atendiendo al hecho que la Unión Europea es el mayor inversor en la región, el segundo socio comercial de América Latina y el mayor donante de ayuda al desarrollo.

Reivindicar una asociación regional más fuerte con Europa sería un modo de evitar la deriva actual hacia el bilateralismo y apostar por la consolidación de un vínculo estratégico que permita una relación de mayor equilibrio con los Estados Unidos.

Tres países de América Latina -Argentina, Brasil y Méjico- y cinco de la Unión Europea integran el G-21 (si incluimos a España). En el área UE-AL habitan mil millones de personas que conforma un conjunto cultural y políticamente homogéneo.

En toda la zona -salvo reducidas excepciones- impera un sistema democrático, existe una visión compartida sobre los valores culturales y se coincide en defender un modelo basado en la economía social de mercado.

Ninguna de ambas regiones por separado tiene actualmente envergadura suficiente para ser un jugador estratégico mundial. Al afianzar el vínculo entre ellas, se fortalecería la imagen de un triángulo trazado desde los tres vértices del espacio occidental: Estados Unidos, Unión Europea y América Latina.

Es indudable que asistimos a un cambio notorio en la geometría del poder mundial. Frente al declive de la hegemonía norteamericana, aparecen nuevos protagonistas como China, los llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y China) o los países de América Latina y Caribe (ALC). La emergencia de las economías asiáticas ha supuesto cambios importantes en la geografía comercial y ha permitido dar mayor relevancia a los países del Sur.

Por otra parte, el acuerdo UE-AL permitiría avanzar en la consolidación de las dos grandes uniones aduaneras que hay en el mundo: Mercosur y UE. Por consiguiente, es un momento oportuno para fortalecer esta relación con la mirada puesta en el futuro estratégico.

Como señalan los expertos, diseñar una agenda para favorecer la mayor integración, que no haga concesiones a la retórica, supone combinar políticas regulatorias (el software) con políticas de infraestructura (el hardware).

Una mayor convergencia regulatoria con la Unión Europea permitiría reducir costos en las transacciones comerciales. Y en relación con las infraestructuras, cabe señalar que mientras antiguamente los costos más importantes eran los arancelarios, actualmente son los vinculados al transporte internacional de mercancías. Todos estos temas y algunos otros de singular importancia, como la búsqueda de una mayor cohesión social, deberían estar concentrando las energías de los líderes políticos regionales.

Sin embargo, un tema intrascendente ha venido a poner en riesgo el importante encuentro internacional. Un grupo de diez países latinoamericanos, que no han reconocido el resultado de las elecciones en Honduras, bajo el aparente liderazgo de Brasil, comunicaron que dejarían de ir a Madrid si se confirmaba la presencia del presidente hondureño Porfirio Lobo. Esto llevó a que el propio Lobo anunciara su intención de no participar en la reunión con los líderes latinoamericanos para evitar el fracaso del encuentro.

La actuación de Brasil a lo largo del caso Honduras -que comenzó cuando le abrió las puertas de su embajada en Tegucigalpa al depuesto presidente Zelaya- sólo puede entenderse como una concesión demagógica al grupo de países que orbitan alrededor del liderazgo de Hugo Chávez.

Brasil quiere convertirse en el líder regional de América Latina y parece dispuesto a pagar el precio que sea por consolidar su proyecto estratégico. La presencia no cuestionada de Cuba en la Cumbre de Madrid, revela que no es precisamente un prurito democrático el que mueve a la diplomacia de Lula.

El fortalecimiento de la democracia en América Latina, es una preocupación legítima y un deseo loable. La reducción de la enorme desigualdad que caracteriza a nuestro continente se conseguirá construyendo ciudadanía y fortaleciendo un Estado profesional, eficaz, que permita mejorar los niveles de cohesión social al brindar una mejor salud y educación. Pero también la democracia requiere valores y experiencias compartidas, lo que supone dejar atrás los proyectos personales de poder y las neurosis obsesivas que tradicionalmente los acompañan.

Aleardo F. Laría
DyN

De la guerrilla comunicacional chavista a la burda muestra de propaganda oficial

Wed, 21 Apr 2010 22:00:25 +0300

Un grupo de jóvenes adolescentes, uniformados, juraron recientemente en Venezuela su adhesión a los "comandos juveniles de guerrilla comunicacional" que promueve el gobierno bolivariano de Hugo Chávez.

Ellos forman parte de la operación "Trueno Comunicacional", dirigida a combatir los mensajes que difunden los medios de comunicación privados, considerado el "aparato de dominación de los pueblos" operado desde los centros de poder. En la Argentina, los intelectuales oficialistas de Carta Abierta, también han conformado una peculiar "guerrilla comunicacional".

La iniciativa de Hugo Chávez encaja en su particular guerra contra los medios de comunicación hostiles al gobierno, iniciada largo tiempo atrás, cuando negó la renovación de la licencia de Radio Caracas TV. Más adelante, el presidente suspendió también la señal de televisión por cable de RCTV y otros cinco canales de televisión: América TV, American Network, Ritmo Son, Momentum y TVN Chile.

Chávez anunció también que retiraría la concesión de 240 emisoras de radio y abrió nuevos procedimientos administrativos contra varios canales privados, entre ellos el opositor Globovisión, por "transmitir mensajes en defensa de la propiedad privada".

Entre otras singulares iniciativas dirigidas a combatir el poder de los medios de comunicación, Chávez ha propiciado, con escasa fortuna, la creación de Telesur (Nueva Televisión del Sur), con la pretensión de crear una cadena regional de noticias para competir con las cadenas internacionales, en la que está asociada la Argentina.

También ha exhortado a producir "telenovelas socialistas", distintas a las capitalistas, que sean más acordes con el proceso revolucionario que impulsa en su país.

La estrategia de los nuevos guerrilleros comunicacionales de Chávez consistirá en comunicar, movilizar y organizar labores como volanteo y empapelado de estaciones de Metro. El Presidente también pretende que los estudiantes y jóvenes desplieguen a través de Internet las redes de encuentro personal, la telefonía móvil y, mediante actividades artísticas y culturales, labores dirigidas a enfrentar "el silencio mediático".

En la Argentina, los grupos de intelectuales afines al Gobierno, han diseñado también una estrategia similar, con la esperanza de influir en los comentarios periodísticos que transmiten los medios de comunicación privados.

Su estrategia consiste en glosar, con opiniones críticas, enmascaradas como "comentarios de lectores", los artículos de opinión que aparecen en los boletines electrónicos de los diarios. Esas "críticas K" -algunos añaden otra K- se pueden identificar rápidamente porque tienen tres rasgos característicos: descalificaciones muy agresivas al periodista que escribe (falacia "ad hominem"), visión maniquea y "falacias de desplazamiento", es decir introducir cuestiones que no se vinculan con el tema tratado haciendo referencias obsesivas al pasado (por ejemplo, "a los que huyeron en helicóptero").

La historia de la comunicación prueba sobradamente que todas estas maniobras no sólo son inútiles sino que a la larga se vuelven contra sus propios autores, ya que al crear un nuevo "relato", sesgado y parcial, supuestamente dirigido a contrarrestar el de los medios, los mismos terminan encerrados en una burbuja comunicacional que los vuelve más intolerantes y radicales en sus planteamientos.

El resultado final es que sus puntos de vista son compartidos sólo por una reducida nube de fanáticos seguidores y revelan cada vez un menor contacto con la realidad.

Las noticias y comentarios que publican los medios de comunicación son producciones humanas y, por lo tanto, están siempre expuestas a la ambigüedad y la subjetividad. Pero estas no son patologías, sino que sencillamente, la pretensión de alcanzar una verdad "objetiva", que satisfaga a todos, es proponerse un objetivo místico, inalcanzable. De allí, que todas las democracias se limiten a garantizar que una pluralidad infinita de opiniones lleguen, a través de todo tipo de medios, a los ciudadanos.

Ahora bien. Los públicos receptores de esas informaciones y comentarios no son receptores pasivos, sino que prestan atención a algunas noticias, ignoran la mayoría e insertan los relatos en una trama que refleja sus respectivos valores e intereses.

Como señala Murray Edelman, un análisis adecuado del periodismo "lo vería como un momento de una compleja cadena de interpretaciones, cada una de cuyas fases anticipa las interpretaciones anteriores y ayuda a darles forma".

Quienes desde el oficialismo acusan a "los monopolios mediáticos" de deformar la realidad, deberían entender que la única manera de sacar del mercado un producto de mala calidad es ofreciendo otro de calidad superior.

Si las producciones de los canales de televisión oficial y las radios estatales tuvieran la calidad alcanzada por la BBC en el Reino Unido -conseguida gracias a preservar con celo su independencia de la influencia estatal- probablemente ganarían un público preparado y abierto para conocer todas las opiniones.

Lamentablemente, el nivel de calidad de algunos programas de la televisión pública argentina es deplorable. Los que no han tenido ocasión de ver "6-7-8" harían bien en hacer una parada en esa pantalla para ver, reunidos en un mismo espacio, la muestra más chabacana, zafia, burda y grosera de propaganda oficial que alguien pudiera imaginar.

Si Chávez se dirige raudamente al modelo periodístico implantado en Cuba hace muchos años -donde sólo se puede leer "Gramma", único medio tolerado en la isla- en la Argentina, dada la fuerza de su sociedad civil, se está lejos de semejante despropósito. Aquí, por el momento, sólo asistimos al espectáculo pintoresco de algunos personajes que lanza en ristre, colocándose el yelmo de Don Quijote en la cabeza, se empeñan en embestir contra amenazadores molinos de viento.

Aleardo F. Laría
DyN

Qué bien les vendría a los italianos darse una vuelta por la Argentina

Tue, 23 Mar 2010 23:53:39 +0300

“Silvio, eres más grande que Julio César”. El cartel, sostenido por un jubilado italiano, resume, según opinión de un cronista, el mitin celebrado el sábado pasado en Roma dónde, copiando cánticos del fútbol, Silvio Berlusconi y el Pueblo de la Libertad (PDL) salieron a la calle para atacar a la izquierda, a los jueces y para defender el eslogan “el amor vence siempre sobre el odio y la envidia”.

Según los organizadores, un millón de personas o cien mil, según la prensa, se reunieron en la plaza de San Juan de Letrán para escuchar la novedosa propuesta lanzada por Berlusconi: la elección directa del primer ministro y del presidente de la República.

En los sistemas parlamentarios el primer ministro es siempre designado por el Parlamento, donde en esa elección generalmente sólo interviene la Cámara de Diputados. Es una de las señas de identidad del parlamentarismo, dado que se considera que el ejecutivo actúa como mero delegado del Parlamento, quien siempre conserva el poder de cesarlo, a través de la moción de censura.

Es, además, un gobierno de tipo colectivo, donde los ministros del Gabinete tienen un rol relevante y no pueden ser cesados fácilmente por el primer ministro, cuando representan a alguna de las fuerzas políticas coaligadas que sostienen al Gobierno.

Por su parte, el presidente de la República, en los sistemas parlamentarios que no son monarquías, asume el rol de Jefe del Estado y es considerado un poder arbitral, que está por encima de los tres poderes tradicionales y de las querellas partidarias. Para garantizar su imparcialidad se considera que no puede ser elegido popularmente, dado que en ese caso representaría a un partido.

En Alemania, por ejemplo, el presidente es elegido de modo indirecto, por una numerosa Asamblea, en la que participan alrededor de 1.200 compromisarios, en representación del Bundestag (cámara baja) y los parlamentos regionales (länder).

En Italia, la elección también es indirecta y el Colegio que elige al presidente por siete años con una mayoría de dos tercios, está integrado por la Asamblea de diputados y senadores y tres representantes por cada región.

Por consiguiente, la designación popular del primer ministro y del presidente que postula Berlusconi -y que naturalmente requeriría una reforma constitucional- convertiría al sistema parlamentario italiano en un sistema presidencialista o semi-presidencialista. Está claro que la elección popular del primer ministro es incompatible con un sistema parlamentario. En cambio, la elección popular del presidente es característica de los sistemas semi-presidencialistas, como el francés.

En relación con la propuesta de Berlusconi, uno de los problemas que se achaca al presidencialismo es justamente la elección popular del presidente. Esa legitimidad de origen, ganada en una elección popular, lo dota de un enorme poder simbólico y puede convertir al presidente en una suerte de monarca republicano, dispuesto a utilizar ese poder en la dirección que estime más apropiada.

El reconocido politólogo argentino Guillermo O’Donell ha elaborado una consistente tesis sobre las denominadas democracias delegativas, para describir aquellos gobiernos que si bien tienen un origen legítimo, ganado en elecciones democráticas, poco a poco van acumulando más poder, no reconocen los límites constitucionales-legales del resto de poderes del Estado e incurren en una transgresión o extralimitación de las fronteras institucionales legalmente establecidas. Un reciente artículo de actualización de su tesis se puede leer en el blog del Club Político Argentino (www.clubpoliticoargentino.blogspot.com).

La concepción básica de las democracias delegativas es que, con la elección popular, el presidente ha recibido un mandato amplio, lo que le permite tomar las decisiones que mejor le parecen y que quedan sujetas sólo al resultado de futuras elecciones presidenciales.

Por consiguiente, para esta visión, las instituciones, que en el diseño constitucional están para controlar al Ejecutivo, o las agencias de control horizontal, debido a su constante interferencia, se convierten en un molesto estorbo, dado que -en un lenguaje presidencial cercano- no hacen más que poner “palos en la rueda”.

El presidente, elegido popularmente, se considera el más autorizado intérprete de los grandes intereses de la Nación y se siente que está por encima de las visiones parciales y egoístas de los otros actores institucionales. Afirma, dicotomizando el campo político, que frente a una mayoría que está “a favor del país”, se alzan grupos de intereses corporativos egoístas. En respuesta a la irritación que produce en el líder lo que considera injustificables oposiciones, aumenta el riesgo de una creciente deriva autoritaria.

Como auténticos “salvadores de la patria”, los presidentes elegidos popularmente se resisten a tener aliados y exigen de sus colaboradores una adhesión incondicional. No soportan la autonomía de sus ministros y, cuando éstos adquieren cierta relevancia, son despedidos abruptamente y arrojados al campo de los “traidores”.

La consecuencia práctica de esta concepción es que las decisiones presidenciales, al no pasar por los filtros de otras instituciones ni buscar los consensos básicos en cuestiones de políticas de Estado, son abruptas, espasmódicas, inconsultas, precipitadas y poco eficaces.

Guillermo O’Donell señala como ejemplo de democracias delegativas en el pasado a las presidencias de Menem, Fujimori y Collor de Mello, gobiernos caracterizados por su impronta neoliberal. En la actualidad, las nuevas democracias delegativas, las sitúa en la Argentina, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, en donde si bien predomina un sesgo más popular en las políticas económicas, coinciden con las precedentes en el desprecio por los límites institucionales.

O’Donell señala que no es mera casualidad que las democracias delegativas surjan en países que han tenido una fuerte tradición populista.

Por lo tanto, la izquierda italiana bien podría promover visitas turísticas-instructivas a las nuevas democracias delegativas latinoamericanas para que los jóvenes italianos puedan conocer de primera mano los resultados a los que puede llevarlos la propuesta de Berlusconi.

Otra opción, más económica, sería repasar simplemente la historia italiana, poniendo la atención sobre el período que se inicia en el año 1922.

Aleardo Laría
DyN

En el fondo, los K quieren que el ajuste lo hagan otros

Wed, 17 Mar 2010 03:11:16 +0300

El lenguaje político busca impresionar a una cierta audiencia y se ampara en la ambigüedad de las palabras para alcanzar su objetivo político. La interpretación que se difunde sobre un determinado término polémico permite mantener viva la tensión entre los grupos políticos y, en ocasiones, sirve para reforzar el antagonismo propio del espectáculo político. Una muestra palpable de esta práctica política habitual la ofrece actualmente la polémica desatada alrededor del uso de reservas del Banco Central.

Para los adherentes incondicionales del oficialismo, todos quienes cuestionan el procedimiento utilizado por el Gobierno para resolver el problema fiscal, son considerados duros partidarios del "ajuste". La expresión "ajuste" hace referencia a las medidas económicas de mayor rigor presupuestario que deben ser implementadas en algún momento cuando los gastos fiscales superan a los ingresos.

Los presupuestos del Estado, al igual que los presupuestos de las empresas y las familias, contemplan la posibilidad transitoria de un desequilibrio entre ingresos y gastos. Pero estos desequilibrios, financiados transitoriamente, en algún momento deben ser compensados y no existe ley de la economía que permita prorrogarlos indefinidamente.

Por consiguiente, si se enfrenta un desequilibrio presupuestario, en algún momento será necesario "ajustarlo". Si se está de acuerdo con esta afirmación, el paso siguiente debería llevar a reconocer que el dilema no es "ajustar" frente a un imposible y mágico desajuste perpetuo. El verdadero problema radica en quién ajusta y en definir el momento apropiado para llevarlo a cabo.

Los partidarios del actual gobierno, en el fondo, aspiran a que el impopular "ajuste" lo hagan otros. Su negativa a ajustar ahora es un simple subterfugio para trasladar el ajuste sobre la espalda del gobierno siguiente. Esta práctica de desplazar la resolución de los problemas para más adelante es típica de los gobiernos populistas. Justamente, en eso consiste la imputación de "populista" que se aplica a ciertas políticas.

Cuando se administran los recursos públicos de un modo irresponsable, atendiendo a las necesidades electorales del momento y se presta poca atención a las consecuencias que esas políticas tendrán en el largo plazo. Ejemplos históricos de financiación irresponsable han sido en la Argentina el "impuesto inflacionario" y los "festivales de bonos".

Por ese motivo, para evitar, en la medida de lo posible, alejar las finanzas públicas de los avatares del ciclo político, es que en todas las constituciones del mundo se confía la facultad de fijar los ingresos y gastos del presupuesto estatal al Congreso, quien dicta con ese fin la importante Ley Presupuestaria. Si el Gobierno advierte tardíamente -como en el caso actual- que tiene un agujero presupuestario considerable (de 55.000 millones, según la presidenta Cristina Fernández y de casi 90.000 millones, según el economista y diputado Claudio Lozano) lo que indica el sentido común es que la Ley vuelva a ser reconsiderada por el Poder Legislativo.

El Congreso es el único poder investido constitucionalmente para definir las partidas que deben ser ajustadas y aquellas que, por favorecer las inversiones productivas que generan empleo genuino, deben ser financiadas. Por lo tanto, defender la calidad del gasto público, a través de la intervención del poder legislativo, no convierte a las personas en reaccionarios recalcitrantes ni en furibundos partidarios "neoliberales" del ajuste, sino en simples ciudadanos respetuosos del orden constitucional.

Actualmente, en las democracias avanzadas, existe un cierto consenso acerca de cuestiones que han quedado alejadas de añejas polémicas de intenso sabor dogmático. El equilibrio presupuestario no es un dogma religioso que haya que defender frente al ataque de los infieles.

De acuerdo con las recomendaciones keynesianas, en momentos de recesión en que hay que favorecer el empleo, los gobiernos pueden tolerar, en forma transitoria, ciertos déficits que más adelante será necesario compensar. Obviamente, esta posibilidad no es ilimitada y obliga a guardar una cierta proporción para evitar que en el futuro se convierta en un problema inmanejable.

La atribución de mezquindad social a los partidos o grupos políticos que manifiestan una cierta preocupación por la calidad y proporción del gasto público, forma parte del arsenal de falacias argumentales a las que últimamente los ciudadanos están sometidos en la Argentina.

Es más fácil refugiarse en gastados argumentos "destituyentes" que abrir el debate franco y leal sobre los modos de generar un proceso de crecimiento sustentable en el tiempo, que reduzca la pobreza y mejore la distribución del ingreso, en términos reales y no meramente virtuales. La eficiencia social en la asignación de los recursos fiscales para obtener empleo genuino -un reclamo progresista- puede ser un objetivo contrapuesto al uso basado en el impacto electoral de dicho gasto, una práctica más bien propia de los gobiernos conservadores.

Aleardo F. Laría
DyN

Los soliloquios presidenciales pierden ante la riqueza de los debates parlamentarios

Wed, 03 Mar 2010 14:48:50 +0300

Cuando el titular de una gran compañía dirige su mensaje anual a los accionistas, reunidos en la Asamblea estatutaria, aborda de un modo equilibrado el análisis de los logros obtenidos, señala los problemas que se han presentado en el curso del año y anuncia el programa de empresa para el año siguiente.

Sería insólito y decepcionante para los accionistas escuchar un mensaje que se limitara a reseñar los aciertos en la gestión empresarial, pero que guardara silencio sobre la lista de los fracasos y omitiera los pasos a seguir en el futuro.

Sin embargo, la gran mayoría de los discursos de los presidentes de nuestras repúblicas aéreas -como lo prueba la intervención de la presidenta Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa- recogen pulcramente el inventario de aparentes éxitos y sobrevuelan distraídamente sobre el resto de los temas.

La estructura institucional del acto de apertura anual de la labor legislativa en las Cámaras está concebida para el lucimiento personal del presidente de turno.

Dado que tiene que dirigirse a un público que lo escucha en respetuoso silencio y como no existe espacio para la réplica ni el debate, el primer/a mandatario/a puede dedicarse a dorar tranquilamente la píldora, dado que sabe que al final sólo caben los aplausos entusiastas de los partidarios o los más recatados y respetuosos de la oposición. A la oposición sólo le queda luego el recurso de hacer una breve y urgente valoración ante los medios de prensa.

En los sistemas parlamentarios europeos se ha abandonado la práctica semi monárquica del discurso ex-cátedra dictado desde el trono presidencial. El primer ministro, en el debate sobre el estado de la Nación, está obligado a abordar todas las cuestiones vinculadas con la gestión pasada pero, sobre todo, a señalar cuál es el programa para el curso de la nueva legislatura.

Los debates parlamentarios sobre el estado de la Nación suelen durar varios días. Durante el primero el primer ministro fija la posición del gobierno y luego de un cuarto intermedio, el líder de la oposición, y a continuación los dirigentes de los demás partidos, fijan las suyas.

Al día siguiente, se inician los debates mucho más animados, que mediante la réplica y la dúplica, permiten el agotamiento de todas las cuestiones que han surgido en el curso de la primera sesión. Finalmente, bajo la forma de propuestas programáticas, se votan las iniciativas más importantes presentadas por el gobierno.

Como surge de este breve resumen, la diferencia entre los debates que tienen lugar en el inicio del período parlamentario en el sistema presidencialista difiere sustancialmente de los que se celebran en el sistema parlamentario.

La diferencia es sideral y representativa de un sistema, el parlamentario, donde el primer ministro actúa como un auténtico delegado del Parlamento y por lo tanto, enfrenta la obligación ineludible de rendir cuentas a su mandante.

En el sistema presidencialista, por el contrario, el desparpajo con que el/la jefe/a del Estado puede dirigirse a las Cámaras, es la muestra elocuente de un sistema en el que el Ejecutivo tiene la deferencia protocolar de dirigirse a un poder formalmente equivalente, pero en la práctica, completamente subordinado.

Como señala Murray Edelman (“La construcción del espectáculo político”, Editorial Manantial), los líderes construyen puntos de referencia para enfocar la atención donde ellos quieren crear impresiones en los espectadores.

Así, por ejemplo, una actuación de política exterior dramática puede ser especialmente eficaz para brindar una impresión de éxito. De modo que el potente simbolismo que alcanza la figura presidencial en los sistemas de ese tipo, permite distraer el interés público, apartándolo de la consideración sobre lo verdaderamente importante.

Evaluar un desempeño presidencial, añade Edelman, no es en absoluto lo mismo que evaluar a un plomero controlando si la canilla todavía gotea. Pero la intervención magistral del presidente frente a unas cámaras desprovistas de toda capacidad de réplica, convierten al acto de apertura de las sesiones parlamentarias en un enorme simulacro.

La oposición puede percibir que la canilla reparada por el plomero presidencial todavía gotea, pero frente a esa anomalía, sólo puede guardar silencio.

Aleardo F. Laría
DyN

Los diputados de centro-izquierda hacen equilibrio

Thu, 25 Feb 2010 14:47:20 +0300

Funambulismo es el arte de caminar a lo largo de un delgado alambre o soga, generalmente a una gran altura. Es un espectáculo habitual en los circos, donde uno o más artistas demuestran su destreza frente al público.

Por extensión, en política la expresión se utiliza para caracterizar a aquellos grupos políticos que demuestran una especial habilidad para desenvolverse ventajosamente entre diversas tendencias u opiniones opuestas.

Un ejemplo reciente de funambulismo lo representa la posición adoptada por el flamante grupo parlamentario de "centro - izquierda" en relación con el ya famoso FOBI (Fondo del Bicentenario).

El interbloque de centroizquierda de 11 diputados (Proyecto Sur, SI y Libres del Sur) ha condicionado su participación en la formación de quórum para el debate en diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que crea el FOBI a dos exigencias.

Una primera, que otra porción de los U$S 6.500 millones de las reservas del BCRA sean utilizada para un Fondo de Desarrollo para la financiación de pequeñas empresas, la creación de una petrolera estatal, la reconstrucción del sistema ferroviario y la fabricación de buques y material portuario. La segunda exigencia pasa por la creación de una Comisión Investigadora de la "ilegal" deuda externa argentina.

De este modo, con un argumento oportunista, se convalida indirectamente la maniobra del Poder Ejecutivo dirigida a eludir el cauce parlamentario para dar correcto tratamiento a una clara modificación de la Ley General Presupuestaria.

Por otra parte, como señala el economista de izquierda Rubén Lovuolo, la liquidación de reservas para pagar deuda y gastos del Tesoro es una nueva forma de alimentar el ciclo de utilización espuria de la deuda pública y expresa la deficiencia estructural de una matriz regresiva de financiamiento del Estado."Más que a una política heterodoxa, se asemeja a las liquidaciones de patrimonio público realizadas en la década del noventa con el objetivo de sostener el modelo, cubrir la caja y atraer capitales financieros", dice.

En relación con la proclamada "ilegalidad" de la deuda pública externa, se resucitan argumentos que han quedado completamente desfasados por el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias. La supuesta deuda "ilegal" contraída por la dictadura militar hace más de 25 años con entidades bancarias extranjeras, fue canjeada en el año 1991, mediante el Plan Brady, por bonos que el Estado colocó en los mercados financieros internacionales y una gran cantidad de esos bonos fueron adquiridos por incautos ahorristas extranjeros (entre ellos centenares de miles de jubilados italianos, alemanes y japoneses).

Esa deuda en manos de tenedores privados fue declarada en default en el año 2002 y renegociada en 2005 por el gobierno argentino con una quita de 65 % sobre un global de 80 mil millones de dólares, que representaban poco más de 50 % del total de la deuda pública.

Curiosamente, éste es el mismo resultado que alcanzó recientemente el gobierno de Ecuador después de haber negociado con los acreedores extranjeros parte de la deuda declarada "ilegal" por una Comisión especial creada por el presidente Rafael Correa. La quita ecuatoriana de 65 % se aplicó sólo sobre unos tres mil millones de dólares, 32 por ciento de la deuda pública total.

Resulta francamente absurdo que después de esos avatares, nuestros diputados de "centro izquierda" pretendan someter a una nueva reducción el monto de la deuda que mantenemos con nuestros abuelos italianos y europeos. La paradoja es que hace sólo un par de años atrás, alguno de ellos, cuando todavía revistaban en las filas del oficialismo, saludaban el "acto de liberación" que suponía la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, también con reservas del Banco Central. Al FMI, a pesar de que se le solía atribuir la responsabilidad por todas las políticas neoliberales que nos atormentaban, se le abonó religiosamente hasta el último dólar adeudado.

Un ejemplo de corrección política, en cambio, lo acaba de dar el Partido Socialista del gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, al anunciar su oposición al DNU que crea el FOBI.

Los socialistas de Santa Fe son potenciales candidatos a integrar ese eventual frente de centroizquierda y sin dejarse intimidar por las presiones del Ejecutivo, con independencia de las necesidades financieras provinciales, han dado muestras de ponderar correctamente las cuestiones institucionales en juego.

Sería conveniente que en la Argentina, al igual que en Brasil, Chile y Uruguay, se consolidara un partido o coalición de centro-izquierda que se incorporara a la competencia con los partidos políticos tradicionales.

Pero va a ser muy difícil construir algo sólido si no se abandonan los remanidos dogmas del pasado y se sustituyen por planteamientos más serios y rigurosos. Cualquier alternativa de centro-izquierda que siga rindiendo tributo a esos gastados estereotipos, ha comprado un pasaje seguro al reino de la irrelevancia.

Aleardo Laría
DyN

La perspectiva ética y el patrimonio K

Thu, 11 Feb 2010 01:08:15 +0300

El conflicto de intereses se presenta cuando un funcionario público debe actuar en asuntos en el que tiene interés particular y directo o si lo tuviere su cónyuge, sus parientes o sus allegados.

En el caso de la Argentina, el ejercicio permanente de la doble moral es un rasgo notable de su cultura política. El fuerte nacionalismo de entrecasa sirve para ser muy duros con los de afuera y muy indulgentes con las carencias éticas vernáculas.

Para prevenir los casos de colisión de intereses, la legislación comparada suele contemplar una serie de exigencias y cautelas que garantizan que no se van a producir situaciones que pongan en riesgo la objetividad, imparcialidad e independencia del alto cargo o que no den lugar a un enriquecimiento ilícito.

Al respecto, la Ley de Ética Pública argentina es bastante escueta y pone la labor de investigación en manos de una Comisión Nacional de Ética Pública que nunca se ha conformado.

La existencia de conflictos de intereses se ha hecho notar últimamente con el ascenso a la primera magistratura de personajes de reconocida fortuna personal.

El caso más emblemático es, sin duda, el del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, propietario de un singular imperio mediático. Antes de ser electo en 2001, el empresario colocó en un “fideicomiso ciego” las acciones de sus compañías, un mecanismo que encomienda la administración del patrimonio a un gestor profesional, quien queda obligado a no efectuar consultas ni a informar al propietario durante el período de mandato.

Esta fórmula ya está legalmente vigente en algunos países. En EE.UU., tanto George Bush padre, como su hijo recurrieron al método. George W. Bush cedió el control de parte de su patrimonio a Northern Trust Co., el mismo fideicomisario que actualmente gestiona la cuenta bancaria del presidente Obama.

En Chile, el recientemente presidente electo, Sebastián Piñera es accionista mayoritario de la aerolínea LAN, propietario del club Colo Colo y dueño del canal Chilevisión. Para acallar las críticas, Piñera delegó en abril de 2009 la administración de gran parte de su fortuna en un fideicomiso ciego y actualmente ha anunciado su decisión de vender todas sus acciones en LAN.

En tanto en España, la legislación es mucho más rigurosa, ya que bajo la mirada de incompatibilidades de altos cargos a cargo de la Oficina de Conflictos de Intereses se refuerza el control sobre los intereses patrimoniales que pueda tener el funcionarioo, su cónyuge o la persona que conviva con él, extendiendo la prohibición de tener una participación de éstos superior a 10% en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público.

Pero en la Argentina, no existen previsiones de naturaleza similar. La reforma de la Constitución de 1994 introdujo la obligatoriedad del Congreso de sancionar una ley sobre ética pública y la misma fue sancionada en septiembre de 1999.

Sin embargo, y después de 10 años, aún no se ha integrado la Comisión Nacional de Ética Pública que debe funcionar en el ámbito del Congreso de la Nación, la que sería la encargada de recibir las denuncias relativas a la conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública.

La Ley contempla una incompatibilidad limitada, puesto que la misma recién se produce cuando el cargo público tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de las concesiones, beneficios o actividades incompatibles.

La ausencia de una regulación eficaz en la legislación argentina, no debiera ser un pretexto para legitimar la práctica de conductas reñidas con la ética pública.

El comportamiento de los altos cargos públicos debiera servir como ejemplo para generar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y propiciar el respeto a los principios que garantizan la igualdad de todos ante la ley.

Lamentablemente, los medios vienen recogiendo datos de incrementos patrimoniales de los bienes gananciales del matrimonio presidencial, durante el período de mandato, que no son habituales en los países democráticos.

La falta de una perspectiva ética se manifiesta también en el uso desenfadado de fuertes expresiones para caracterizar el comportamiento de “los otros”, sin advertir el fuerte paralelismo que a veces guarda con los actos propios.

Los especuladores internacionales que adquieren bonos del Estado argentino a 20% del valor nominal, con la expectativa incierta de recuperar ciento por ciento de ese valor, son caracterizados en el lenguaje presidencial como “fondos buitres” o “ratas del Riachuelo”. Sin embargo, obsérvese que esos especuladores están comprando el elevado riesgo que le trasladan los tenedores de esos bonos.

Un comportamiento bastante más refinado que el del burdo especulador que adquiere tierras fiscales en El Calafate en condiciones de privilegio y las revende al cabo de dos años con un beneficio de 4.772%, sin asumir riesgo alguno en la transacción.

En la Argentina, sus dirigentes resultan tan pintorescos en la proyección de responsabilidades, que cuando se quedan sin respuestas frente a indisimulables rupturas éticas, terminan adjudicando toda la responsabilidad a la intervención taumatúrgica de algún “abuelo usurero”.

De allí, proviene el hecho de que el realismo mágico sea un género literario tan consustanciado con la peculiar manera de ver las cosas que tienen los argentinos.

Aleardo F. Laría
DyN

Sorprende que la sociedad vuelva a ser refugio frívolo de mitologías conspirativas

Wed, 03 Feb 2010 14:13:37 +0300

El conocimiento y estudio del pasado demanda distintos tipos de registros, algunos meramente testimoniales y otros más profundos y conceptuales. Pasado que vuelve, recurrente, bajo la forma de múltiples teorías conspirativas. En relación con la última dictadura militar argentina -algo cualitativamente distinto a las tradicionales dictaduras, puesto que se implantó un verdadero estado criminal- la literatura, en ambos registros, es abundante.

Sin embargo, el acentuar la localización de las responsabilidades sobre las cúpulas militares ha contribuido a crear en la sociedad argentina una falsa imagen de tranquilizadora inocencia. Algo que no debiera aceptarse ligeramente. En el último ensayo de María Matilde Ollier (“De la revolución a la democracia”, Editorial Siglo XXI) se encuentra una interesante indagación testimonial sobre los mitos y las creencias de la izquierda revolucionaria argentina en los años setenta y la lenta revisión de esas creencias y prácticas.

La autora, a través de variados reportajes, da cuenta del distanciamiento de aquellos jóvenes de una identidad política, forjada en los combates y su lenta adscripción a otra identidad, vinculada a los principios democráticos.

El texto busca transmitir una experiencia: la de que quienes vivieron un proyecto revolucionario y decidieron luego abandonarlo. La creencia en la legitimidad del uso de la violencia y el convencimiento de que ésa era la llave para abrir una nueva etapa de reconciliación con la verdadera naturaleza humana, formó parte de los mitos fundacionales incorporados por una parte importante de toda una generación.

Los sobrevivientes de aquella catástrofe han tenido que llevar a cabo, luego, una dura labor de resignificación del mundo ideológico anterior. La adhesión a la democracia y la creencia en sus potencialidades, ha sido seguida luego de una serie de nuevos desencantos. El derrumbe de la utopía socialista (1989) y la crisis de los partidos políticos (2001) ha posibilitado una suerte de búsqueda de la transversalidad, que puede explicar que muchos hayan encontrado refugio en la propuesta de los primeros años del gobierno K.

Ahora, naturalmente, deben sumar un nuevo desencanto, que se ha producido junto con un inesperado reverdecimiento de viejos mitos, asociados con un estilo populista y autoritario. Un trabajo de investigación más profundo sobre las responsabilidades colectivas en la saga histórica que culminó con la masacre administrada de la última dictadura militar sigue siendo, sin duda, el ensayo de Hugo Vezzetti (“Pasado y presente”, Siglo XXI) publicado en 2002, que acaba de ser reeditado.

La creencia en la legitimidad del uso de la violencia y el convencimiento de que ésa era la llave para abrir una nueva etapa de reconciliación con la verdadera naturaleza humana, formó parte de los mitos fundacionales incorporados por una parte importante de toda una generación.

La importancia de esa labor de recuperación reside no sólo en la indagación de las visiones mesiánicas -simétricas y paralelas- de los integrantes de la corporación militar y de la izquierda revolucionaria. Señala también cómo la desmesura de la dictadura reflejaba, como un cristal deformado y roto, ciertos rasgos presentes en la sociedad argentina, en especial la disposición paranoica a colocar afuera y en el otro, la responsabilidad por todos los males.

El escaso apego a las formas institucionales y la predilección de la sociedad argentina por los atajos y las vías ajenas a las normas forman parte de nuestro marco cultural. Ese contexto contribuyó a que los diseñadores de la estrategia de tortura salvaje y desaparición de las víctimas, se hiciera con el convencimiento de que semejante escala de atrocidades podía ser tranquilamente disimulada en el fárrago de nuestra atribulada historia.

Visto a la distancia, se puede comprobar ahora cómo el discurso de la corporación militar tenía la estructura propia de un delirio paranoico. Aceptada la premisa de que detrás de todos los conflictos estaba la gigantesca conspiración del marxismo ateo, todos los medios parecían aceptables para acabar con esa confabulación internacional en defensa de la civilización occidental y cristiana.

Por todo ello, no puede menos que sorprender que vuelva a tener actualidad en la sociedad argentina el refugio frívolo de enrevesadas mitologías conspirativas. Una prueba del error de reducir todo al simple enfrentamiento entre dos demonios y eludir la responsabilidad que le cupo a la sociedad y a sus dirigentes políticos, puede encontrarse en la resistencia al reconocimiento del incontrovertible rol de Juan Domingo Perón en el nacimiento de las Tres A.

Hay que recordar que la Triple A empezó a operar cuando Perón era presidente y que su cabeza visible, José López Rega, era la mano derecha y hombre de confianza del ex presidente. La justificación de la masacre de Ezeiza, la incorporación del comisario Villar, la directiva al Consejo Superior de acabar con los infiltrados “por todos los medios”, el reforzamiento de la derecha sindical, etc., prueban la firme voluntad de respaldar todas las acción dirigidas a liquidar la izquierda revolucionaria.

En síntesis, la barbarie de la dictadura fue posible por una percepción desviada de la naturaleza de los conflictos políticos, pero también por la presencia de ciertos rasgos en la sociedad, el Estado y sus instituciones que tienen que ver con el desprecio por las formas y el descuido por las instituciones. A la luz de los acontecimientos que presiden la vida diaria de los argentinos, se tiene la impresión de que no han sido sustanciales las enseñanzas extraídas del pasado más reciente.

Aleardo Laría
DyN

La falta de un árbitro

Mon, 11 Jan 2010 00:22:48 +0300

En materia de fútbol los argentinos somos sabios. Ningún partido de fútbol podría jugarse seriamente sin la presencia de un árbitro que impidiera las jugadas ilegales y expulsara a los autores de infracciones graves. Sin embargo, en materia institucional, carecemos de un árbitro.

En los países donde rige el sistema parlamentario y en algunos presidencialistas, afortunadamente, existe un Tribunal Constitucional que es el árbitro natural encargado de resolver los conflictos habituales entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí, por a falta de árbitro, el poder ejecutivo sigue dando patadas al resto de poderes. El conflicto institucional que se acaba de producir, en virtud del cual el poder ejecutivo adopta la decisión de destituir al presidente del Banco Central sin contar con el dictamen preceptivo del Parlamento, es un claro conflicto de poderes. En el marco de un sistema parlamentario, la mediación de un Tribunal Constitucional, tribunal político por excelencia, permitiría dar un cauce institucional a los conflictos de poderes de esta naturaleza. En Argentina, como en la mayoría de países de sistema presidencialista, que siguen el modelo norteamericano, no existe un poder arbitral y los conflictos tienden a reforzarse en una espiral de mutuo enconamiento.

El conflicto institucional que vivió Honduras recientemente también hubiera podido encauzarse si hubiera mediado un poder arbitral con capacidad para frenar la pretensiones del poder ejecutivo de convocar un referéndum inconstitucional. En los sistemas presidencialistas, tan proclives de derivar en lo que Guillermo O'Donell ha denominado "democracias delegativas", es decir donde el poder ejecutivo avanza impetuosamente sobre el resto de poderes, la necesidad de un poder de contención, que restablezca los equilibrios constitucionales, se torna imperiosa.

La presencia de una Tribunal Constitucional no sólo es un medio de restablecer la legalidad constitucional vulnerada. Actúa también como un factor disuasorio relevante, dado que el poder ejecutivo observaría con más cuidado las formas institucionales si contemplara la posibilidad de que sus decisiones fueran objeto de análisis por un Tribunal dotado de capacidad para revocarlas.

En una democracia moderna, los conflictos de poderes son habituales dado que el dinamismo que adquiere la gestión pública sitúa constantemente a los actores institucionales frente a situaciones no previstas. Los países europeos han resuelto este problema hace años, incorporando en sus constituciones la figura de un poder arbitral encarnado por el Tribunal Constitucional. El primer paso lo dieron los austríacos, que bajo la dirección del jurista alemán Hans Kelsen, fundaron el primer Tribunal Constitucional en el año 1920. En la actualidad, sería inconcebible una democracia parlamentaria sin un Tribunal Constitucional.

En materia de fútbol somos sabios. No se nos ocurre designar al DT de un equipo de fútbol por cuatro años con un mandato irrevocable, y relacionamos su tiempo de permanencia con los resultados. En cambio, en materia institucional, elegimos un DT con el nombre de "presidente", le encargamos la delicada misión de regir los destinos del país, y nos desentendemos de los resultados dándole un cheque en blanco durante cuatro años. Como además dejamos que en el juego institucional con los demás poderes retenga las funciones de árbitro, asistimos a un zafio y grosero espectáculo repetido, en el que predominan los puntapiés y las zancadillas presidenciales.

Aleardo Laría
DyN

Los Kirchner y Moyano

Wed, 16 Dec 2009 17:05:40 +0300

El actual modelo sindical ha demostrado ser, en palabras de Marcos Novaro, "la criatura más imperecedera del peronismo histórico" y el mejor apoyo para un gobierno empeñado en sostener políticas oportunistas. De allí que la fuerte alianza que vincula a Hugo Moyano con el matrimonio presidencial -y el abandono prematuro de la transversalidad para refugiarse en las estructuras de poder tradicional del peronismo- sean consecuencia de hacer de la necesidad, virtud. Conservar las estructuras de poder corporativo tradicional es justamente el rasgo que caracteriza a los gobiernos conservadores. No debe extrañar que en el contexto de un gobierno conservador, sea la Corte Suprema la punta de lanza del movimiento reformista.

Una sociedad ganada por la presencia de grupos corporativos que medran alrededor de un Poder Ejecutivo que se muestra incapaz de emprender un proceso de modernización, alienta las iniciativas reformistas de otros "contra poderes". Por consiguiente, las resoluciones de la Corte dirigidas a romper con los moldes de un modelo cerrado que pone trabas a la pluralidad sindical y vulnera los tratados internacionales de libertad sindical firmados por la Argentina, buscan sustituir la letal inoperancia del Ejecutivo.

Salvo en autocracias de raíz comunista, como en China, Cuba y Corea del Norte, no existe ya en ningún país del mundo una legislación sindical que imponga la presencia de un sindicato único por rama de industria como en la Argentina. Como es sabido, en este peculiar modelo, los sindicatos que gozan de "personería gremial" -es decir han sido santificados por el Estado- pueden presentar a sus afiliados como candidatos a delegados sindicales con derecho a estabilidad, exigir la retención de las cuotas sindicales a los empresarios y representar a los trabajadores en las negociaciones que dan lugar a los convenios colectivos de trabajo. El otro enorme privilegio que reciben los sindicatos "autorizados" es la posibilidad de ejercer el control sobre los cuantiosos fondos que provienen de las retenciones a los salarios y aportes patronales con destino a las obras sociales.

La posesión de la llave de ese inmenso tesoro explica el inusual fenómeno del súbito enriquecimiento de tantos inefables dirigentes sindicales. También la presencia de consagradas mafias de los medicamentos, que amparadas en los turbios negocios de los responsables de las obras sociales, terminan en la cruel entrega de medicamentos adulterados a enfermos terminales.

Una de las manifestaciones más elocuentes de incoherencia política en la que aun se desenvuelve la Argentina consiste en que grupos que proclaman la defensa del rol del Estado, son luego los que con su práctica concreta boicotean los servicios esenciales que debe prestar ese Estado, es decir salud y educación. Manteniendo los feudos de las obras sociales, las burocracias sindicales son las que impiden la conformación de un sistema universal, racional e igualitario de salud. Y los sindicatos docentes, con su política de huelgas salvajes, empujan a los padres a buscar en la enseñanza privada lo que la escuela pública ya ha dejado de suministrar: continuidad y eficacia en la prestación del servicio. Como señala Novaro, la interesada o forzada negligencia del Ejecutivo no significa que la estructura sindical, incluidas las obras sociales, sean imposibles de reformar, sino que para hacerlo "se necesita una coalición de votantes e intereses auténticamente reformista y no restauradora como ha sido desde un comienzo la etapa kirchnerista".

De allí, que los sectores que supuestamente desde la izquierda apoyan a este gobierno conservador, como los intelectuales oficialistas de "Carta Abierta", tienen ahora una excelente ocasión para poner de manifiesto su coherencia ideológica, apoyando con vehemencia la concesión de personería gremial a la CTA. El fracaso de un modelo sindical cerrado y burocrático está dado por la escasa presencia de representantes sindicales en el ámbito privado, donde más de 85 % de las empresas carecen de cualquier tipo de representación.

Por otro lado, alrededor de 45% de la masa laboral está fuera de la economía formal, de modo que los trabajadores se encuentran en el peor de los mundos: o carecen de representación o son representados por burocracias corporativas que se perpetúan indefinidamente en el disfrute de sus posiciones de privilegio.

Plantarse frente a este molde anacrónico y adulterado debería ser una de las irrenunciables señas de identidad de una izquierda auténtica, comprometida con llevar la democracia también al terreno sindical.

Aleardo F. Laría
DYN

Aviones oficiales que se usan indebidamente

Wed, 03 Jun 2009 00:00:00 +0300

    España se halla inmersa en plena campaña electoral. El domingo 7 de junio se celebran allí las elecciones europeas, en las que se eligen los eurodiputados que se habrán de incorporar al Parlamento Europeo. La campaña se ha visto enturbiada por la acusación formulada por el Partido Popular de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, utiliza un avión Falcon de la Fuerza Aérea Española para desplazarse a los mítines electorales del Partido Socialista Obrero Español.
    La polémica desatada no es lejana a una problemática similar que se ha instalado en la Argentina: el uso de los helicópteros oficiales para los traslados del consorte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los actos del Partido Justicialista.
    El líder del PP, Mariano Rajoy lanzó un reto a Rodríguez Zapatero: "Consideraría una burla a los españoles, que el presidente del Gobierno viajara a Asturias en un avión oficial". Este no se arredró y pocas horas después estaba viajando a Asturias, efectivamente, en un avión oficial para participar en un mitin de la campaña europea.
    Los dirigentes del PSOE se encargaron de difundir los argumentos para justificar el uso que Zapatero ha venido haciendo del uso de los aviones oficiales desde que llegó a la presidencia del Gobierno en 2004. Según el ministro de Defensa, el presidente ejerce su cargo "las 24 horas del día, haga lo que haga y no puede estar fuera de cobertura, para comunicarse con sus ministros", de manera que "constituiría una grave irresponsabilidad cuestionar la seguridad de la presidencia del Gobierno". Los populares han contra argumentado señalando que el presidente José María Aznar utilizaba aviones privados, que eran costeados por el PP, cuando se desplazaba a los actos de la campaña electoral. Sus dirigentes presentaron a la prensa las facturas de 23 vuelos que Aznar hizo en un Falcon 900 durante la campaña electoral de las municipales y autonómicas de 2003, que fueron abonadas por el PP. Señalaron que, lo habitual, en Europa, es que los partidos se hagan cargo de los gastos de traslado de sus dirigentes en campaña electoral, como acontece con la canciller de Alemania, Ángela Merkel a la que la CDU paga los desplazamientos a actos partidarios.
    El Partido Popular presentó entonces un recurso ante la Junta Electoral Central y formuló una consulta al Tribunal de Cuentas por el uso de aviones oficiales para acudir a los mítines del PSOE. Aseguran que se produce una infracción a la ley de financiación de partidos políticos que establece un límite para cada campaña. Explican que si el PSOE no se hace cargo de los gastos de desplazamiento de Zapatero, pueden dedicar ese gasto a otros de la campaña, superando los límites legales establecidos. Finalmente instaron a que los jueces exijan al PSOE el reembolso al Estado de los gastos de esos vuelos.
    Para Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, estamos ante "un ejemplo de mala utilización de un bien de carácter público" y para Joan Ridao, de Esquerda de Cataluña, supone "un aprovechamiento ilícito de recursos que son de todos". Por consiguiente, en un caso extremo, podría entenderse que se trata de un caso de malversación de caudales públicos. Pero, cualquiera que sea el enfoque legal, lo cierto es que se produce una situación de competencia desleal frente a los otros partidos políticos, cuando el partido en el poder utiliza los recursos del Estado para el traslado de sus dirigentes a actos partidarios.
    En la Argentina se ha denunciado el uso de un helicóptero que alquila la presidencia de la Nación, para trasladar al esposo de la presidenta Cristina Fernández a los actos del Partido Justicialista. Además del alquiler del helicóptero, la Casa Rosada se hace cargo de la filmación y televisación de los actos del presidente del PJ y aporta todo el personal del Estado necesario para la organización de los encuentros partidarios.
    Obviamente, éste se trata de un caso más grave que el español, puesto que Néstor Kirchner no tiene ningún cargo oficial y por lo tanto carece de una cobertura legal que pueda justificar el uso de medios de transporte oficiales. Así lo ha denunciado el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas) que ha considera "injustificable" que el Estado se haga cargo de los gastos de desplazamiento de Néstor Kirchner.
    En 2007, cuando Cristina Fernández de Kirchner era simplemente "primera dama" y candidata presidencial por el oficialismo, se archivó una denuncia por un hecho similar, al considerar la inexistencia de delito. El entonces Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidió que la Oficina Anticorrupción reglamentara la utilización de los recursos del Estado por las esposas o esposos de los presidentes. Sin embargo, bastaría una aplicación rigurosa de la Ley 26215 de Financiamiento de los Partidos Políticos para terminar con esta corruptela. Podría considerarse el gasto como una contribución o donación indirecta no autorizada según lo establecen los artículos 15 y 16 de la citada disposición. La Ley no permite, por ejemplo, que los partidos reciban contribuciones o donaciones de "empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación". No parece razonable que se admitan impunemente las donaciones o contribuciones en especie que a las campañas partidarias del esposo de la presidenta se hacen desde la presidencia de la Nación.
    En Italia, mientras tanto, los fiscales parecen ser más decididos que en la Argentina. El fiscal de Roma, Giovanni Ferrara ha ordenado una investigación para clarificar si en la utilización de aviones del Estado, el primer ministro Silvio Berlusconi ha incurrido en "comportamientos penales", al trasladar a amigos e invitadas a la isla de Cerdeña para asistir a las fiestas de su mansión de Villa Certosa. En algunos aspectos —los bufonescos— nos parecemos mucho a nuestros ancestros italianos. En otros —el rigor de los fiscales— no tanto.

Aleardo Laría
DyN

IMBÉCILES INTELECTUALES DE LA IZQUIERDA K

Tue, 19 May 2009 00:00:00 +0300

PARA INTELECTUALES DE LA IZQUIER

    Una cuestión que mueve la curiosidad de politólogos y ensayistas gira alrededor del siguiente interrogante: ¿por qué la izquierda tradicional ha tenido tantas dificultades en reconocer el fenómeno del totalitarismo? Hace un par de décadas, se evidenciaba en la resistencia a asumir el verdadero rostro del Estado soviético. Actualmente, en la mirada indulgente que se tiene hacia la dictadura de los hermanos Castro en Cuba o en la deriva autoritaria de la revolución bolivariana de Hugo Chávez.
    Una de las respuestas apunta a que el totalitarismo fue considerado erróneamente por la izquierda un concepto inventado por la derecha para favorecer sus designios. Otra, a la dificultad de la izquierda por entender la inextinguible diversidad del mundo social y su inveterada tendencia a convertir a los que piensan distinto en enemigos sustanciales. Frente a la ficción del liberalismo, que creaba la idea de una sociedad que se ordenaba automáticamente bajo la mano invisible del mercado, la izquierda elevó la visión de una sociedad antagónica, en la que predominaba el enfrentamiento radical entre las clases sociales.
    El sistema capitalista, basado en la irracionalidad y la injusticia, merecía ser eliminado y, con la desaparición del capitalismo y de la propiedad privada, emergía una sociedad sin clases, sin antagonismos irreconciliables. El Estado se convertía así en un mero instrumento que se elevaba por encima de los intereses particulares y se ponía al servicio de la nueva sociedad.
    Esta excesiva confianza en la capacidad del Estado para moldear una sociedad que se prestaba mansamente a ser manipulada como un trozo de arcilla, siguiendo los requerimientos de un ingeniero social, se reveló pronto como una visión asexuada del poder. Por otro lado, la izquierda participaba de una visión ingenua del partido, al considerarlo integrado por hombres nuevos e incorruptibles, únicos propietarios del saber y depositarios de la verdad. Escapaba así de su mirada el riesgo que encarnaba la formidable expansión de las burocracias, que al irse separando del resto de la sociedad, pasan a conformar una nomenklatura, una nueva sub clase social que parasita el poder y tiende a la autoperpetuación.
    Pero la falla fundamental que ha impedido a la izquierda conceptualizar el fenómeno del totalitarismo, según Claude Lefort ("La incertidumbre democrática", Editorial Anthropos), reside en la creación de la imagen distorsionada del pueblo-uno. Suponía, erróneamente, que en el mundo socialista ya no había división interna, puesto que se habría alcanzado la sociedad sin clases.
    Esta representación imaginaria de una sociedad homogénea sólo podía lograrse mediante la creación de un enemigo exterior.
    Ese otro maléfico estaba conformado por los representantes de la vieja clase burguesa o los aviesos emisarios del mundo imperialista. Por consiguiente, se dio la paradoja de que la afirmación de un pueblo unido se hizo a costa de instalar una nueva división entre el pueblo-uno y el otro. La conservación de la pureza y unidad del cuerpo social requería la eliminación de los disidentes, de los enemigos del pueblo que sólo podían representar intereses inconfesables. No se piense que esta visión de la izquierda es algo anacrónico que ha quedado como mero residuo de ciertas tribus ideológicas de reducido tamaño, expuestas a la mirada curiosa de los antropólogos. Sobrevive, todavía, como trasfondo ideológico de un grupo de intelectuales de izquierda que, en la Argentina, ofrecen su apoyo incondicional al Gobierno y caracterizan como "nueva derecha" a todo el arco opositor que va desde el insobornable Pino Solanas, pasando por la coalición radical, hasta la alianza más moderada de Solá-Macri-De Narváez.
    La visión interesada que presenta a un pueblo sufriente galvanizado alrededor de un Gobierno que soporta el asedio de minorías oligárquicas dominadas por un ánimo "destituyente" no está demasiado alejada de la visión leninista de los "enemigos del pueblo". Si bien es comprensible que quienes ven en peligro los privilegios que da el poder hagan un llamado al cierre de filas, desde una perspectiva democrática es inaceptable una caracterización que descalifica a la oposición colocándola en el lugar de un enemigo sustancial. La democracia moderna, a diferencia de los totalitarismos, está caracterizada por ofrecer la movilidad de las élites gobernantes, al menos como posibilidad, de modo de que la presencia de una oposición política y parlamentaria estructurada es un ingrediente sustancial del juego democrático. Inclusive para algunos clásicos, entre los que se encuentra Benjamin Constant, la existencia de un modelo gobierno-oposición representa un mecanismo de limitación del poder superior al que ofrece la clásica separación de los tres poderes.
    La labor de la oposición pone al Gobierno a prueba, le obliga a explicarse, a justificar sus acciones y rendir cuenta de los resultados. De algún modo, racionaliza el debate que gira entonces sobre las acciones emprendidas, los fallos de diagnóstico y las medidas que se deben adoptar para corregir el rumbo.
    La democracia es un régimen que desconfía del poder y necesita interrogarse sobre el modo en que ese poder se gestiona. Si toda esta función crítica la atribuimos al designio malévolo de los enemigos del pueblo, lo que estamos haciendo es eludir la escucha democrática, impidiendo que afloren los errores, algo inevitable en toda acción humana, máxime en una labor política bastante alejada de la labor científica.
    En política, la sordera ha sido siempre el factor fundamental que ha precipitado la llegada anticipada de todos los fracasos.

Aleardo Laría

DEMOCRACIA INSUSTANCIAL

Tue, 12 May 2009 00:00:00 +0300

Pagina nueva 1

    La democracia que conocemos hoy es la democracia representativa. La democracia directa, que experimentaron algunas ciudades de la antigua Grecia, no parece posible en las masificadas sociedades modernas. Existe una dificultad física evidente y no se puede imaginar hoy al pueblo continuamente reunido en el ágora para resolver los asuntos públicos. Pero a la dificultad física se suma también una dificultad lógica: ¿cómo convertir una opinión variada, dispersa y compleja en una decisión práctica y operativa? En esta labor de reducción de la complejidad, que consigue la democracia representativa moderna, juegan un rol destacado los partidos políticos.
    Una de las dificultades que encierra la idea de una democracia directa reside en la imposibilidad lógica de obtener una única decisión. La regla de la mayoría puede servir para legitimar una decisión política, pero no permite reducir la complejidad ni incorpora la voluntad de las minorías.
    La democracia representativa, en cambio, mediante el uso de una serie de mecanismos o prácticas, permite o facilita la participación política, consiguiendo el objetivo de reducir la complejidad.
    Los medios actuales, a través de los cuales se consigue cribar la opinión ciudadana hasta alcanzar un núcleo duro que queda incorporado a una norma jurídica, son variados y operan en diferentes planos.
    Por un lado, está la labor de los medios de comunicación, que al tiempo que informan, favorecen el debate intelectual entre las distintas propuestas en juego. Otro mecanismo de reducción de la complejidad se consigue a través de la creación de partidos políticos, que condensan en un programa las apetencias y deseos de sus militantes.
    Naturalmente, no todos estarán de acuerdo con la opinión expresada por el partido en todos y cada uno de sus pronunciamientos, pero en ese juego de renuncias parciales, se consigue una adhesión alrededor de lo que se considera el núcleo fundamental.
    Las elecciones, permitiendo que los votantes elijan a sus representantes políticos y aprueben ciertos programas rechazando otros, constituyen el medio habitual para seleccionar el sesgo que adoptarán las políticas públicas. Finalmente, en el Congreso, órgano representativo de la legitimidad popular, se conseguirá, a través del trabajo en las comisiones, obtener el mínimo común denominador que permita el mejor equilibrio entre los intereses en juego. El resultado final será una Ley, que una vez aprobada, será de obligado cumplimiento para todos.
    Nunca se destacará lo suficiente el importante rol de los partidos políticos en las democracias representativas modernas. Ellos son los que proporcionan, en las actuales sociedades complejas, los canales de transmisión de las necesidades y preferencias sociales, son los que sistematizan las demandas reconvirtiéndolas en programas coherentes de acción políticas y son los que proporcionan la lista de candidatos para conformar los equipos para la alta gestión política. Obviamente, todo esto sólo es posible cuando los partidos políticos funcionan, son una realidad y tienen vida propia. Algo que no sucede en la Argentina.
    Aquí, como lo prueban tantos hechos recientes, el enemigo público de los partidos políticos ha sido el presidencialismo. El uso de los fondos presupuestarios para quebrar las lealtades partidarias, el adelantamiento precipitado de las elecciones por razones de oportunidad —lo que impide la realización de elecciones internas al tiempo que favorece el uso del dedo para componer las listas de candidatos— y la moda de las candidaturas testimoniales, con la dificultad para reconocer quienes serán en definitiva los encargados de la gestión política, son algunas de las piedras que el sistema presidencial ha colocado en el camino de los partidos políticos.
    Estos datos sugieren la presencia de una suerte de ley que rige la política en el marco del presidencialismo: existe una relación inversa entre el poder que ostenta el Presidente y el poder que se reserva a los partidos políticos. En el marco de un presidencialismo hegemónico, el más interesado en reducir el poder de los partidos políticos es el Presidente, que de esta manera acumula mayor poder de decisión en sus manos.
    La calidad de la democracia representativa está directamente relacionada con el nivel de calidad de los partidos políticos. Sin partidos políticos sólidos, consolidados, con intensa vida interna y funcionamiento democrático, queda obturado uno de los canales fundamentales para trasladar la voluntad ciudadana. Se impide el control democrático que cabe a la oposición y las posibilidades de contar con una alternativa de recambio para la circulación de las élites políticas.
    ¿Hasta cuándo permitiremos que el presidencialismo, un sistema agotado en opinión del juez Raúl Zaffaroni, nos ofrezca una democracia tan insustancial y degradada?

Aleardo Laría

PARADOJAS DEL PRESIDENCIALISMO

Mon, 16 Mar 2009 00:00:00 +0300

En el marco de un sistema presid

    En el marco de un sistema presidencialista como el argentino es comprensible que, para el titular del Poder Ejecutivo, una consulta democrática al electorado se convierta en un "escollo" u obstáculo fastidioso puesto en su camino. El Presidente ha sido plebiscitado en las urnas el día de su elección y, por consiguiente, cualquier resultado electoral adverso posterior erosiona su legitimidad de origen.
    Este es un problema que nunca se suscita en los sistemas parlamentarios, donde un resultado electoral que modifica la mayoría parlamentaria, fuerza la sustitución del Ejecutivo para conservar la coherencia entre Gobierno y Parlamento.
    En el sistema parlamentario, la "anticipación" de las elecciones, es decir su convocatoria antes de que finalice el período de mandato de los diputados, es un acto legítimo y habitual.
    Allí, el Gobierno no es más que un poder delegado del Parlamento y cuando pierde el apoyo de uno de los partidos que conforman la coalición que ha permitido su formación o existe una situación de elevado desgaste del Primer Ministro, lo habitual es el llamado anticipado a elecciones. Esto conlleva la disolución del Parlamento y la renovación completa de las cámaras, es decir un modo de "barajar y dar de nuevo".
    En un sistema presidencialista, frente a un mandato rígido del Presidente, la convocatoria anticipada de elecciones de diputados carece de significado institucional alguno y responde a meras razones de oportunidad u oportunismo electoral.
    Sin embargo, lo que desde un punto de vista táctico puede considerarse una maniobra hábil del Ejecutivo, desde la perspectiva de la calidad institucional no deja de ser una medida deplorable. Las cuestiones vinculadas a las "reglas de juego", en las democracias consolidadas, son siempre objeto de protección especial. En general, cualquier modificación del régimen electoral, debe hacerse por medio de "leyes orgánicas" (España) o "leyes constitucionales" (Italia), es decir leyes cuya modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso (la mitad más uno de todos sus miembros y no sólo la de los legisladores presentes) en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
    En la Argentina, según el artículo 77 de la Constitución Nacional, cualquier modificación del sistema electoral o del régimen de partidos políticos, también necesita de una Ley aprobada por la mayoría absoluta de las dos Cámaras del Congreso. Esta protección especial pone de manifiesto que estamos frente a una materia delicada, que no pude ser objeto de manipulación partidista, para ajustarla a las necesidades políticas de uno de los jugadores. Por consiguiente, la modificación intempestiva de las reglas de juego, sin buscar el consenso con la oposición, nos instala nuevamente en un escenario de debilidad institucional.
    La enorme paradoja de una elección anticipada en el marco de un sistema presidencialista, es que institucionalmente carece de sentido. Si el mandato de los diputados es rígido, al igual que el mandato del presidente, no existe justificación alguna que explique esta modificación del Código Electoral.
    De este modo, la Argentina se encontrará ante un escenario en el que los diputados electos el 28 de junio de 2009 no podrán asumir hasta la finalización del mandato de los que van a ser sustituidos en el mes de diciembre de 2009. Si el resultado electoral cambia la composición política de las Cámaras, se estará frente a un Congreso que continuará dictando leyes entre julio y diciembre, pero que ha perdido prematuramente su legitimidad.
    Además, si el Gobierno pierde en junio la mayoría parlamentaria, se pasará, a partir de enero de 2010, del "presidencialismo absoluto" al "presidencialismo impotente". Es un rasgo característico del sistema presidencialista que cuando el Gobierno no cuenta con suficiente respaldo parlamentario, sobreviene una época de crisis y extrema debilidad presidencial.
    La convocatoria anticipada de elecciones efectuada por la presidenta Cristina Fernández, permite poner al descubierto las enormes contradicciones y paradojas del sistema presidencialista. La rigidez del mandato presidencial, causa histórica de decenas de crisis institucionales en América latina, muestra una y otra vez la base estructuralmente ineficiente de las "monarquías electivas". En la vida social, se suele ser más práctico. Ningún club de fútbol designa a un entrenador o DT por un período rígido de tiempo, garantizando su plena estabilidad a pesar de los malos resultados.
    Sin embargo, en un tema tan delicado como en la responsabilidad de gobernar una nación, se hace exactamente eso: se designa al entrenador por cuatro años y, cualquiera que sean los resultados, se espera resignadamente a que termine su mandato. Luego, claro, llegan las quejas de que las cosas, en el terreno institucional, no van demasiado bien en la Argentina.

Aleardo Laría

MIENTRAS HAYA CLIENTELISMO...

Tue, 03 Mar 2009 00:00:00 +0300

MIENTRAS HAYA CLIENTELISMO

    Desde el estallido de la crisis financiera, el Gobierno de los Estados Unidos ha inyectado miles de millones de dólares en el sistema bancario realizando aportes de capital.
    Ahora bien. El debate intelectual sobre la intervención estatal como cuestión estratégica, en la Argentina debe ser tomado con pinzas. La desastrosa experiencia que ha dejado una banca pública utilizada para alimentar el clientelismo más escandaloso —con la retahíla de créditos incobrables del BANADE y de los bancos provinciales quebrados— no permite contemplar un retorno al pasado.
    Mientras la Administración pública nacional y provincial siga siendo el reservorio de las clientelas electorales, mientras no haya una Administración meritocrática profesionalizada e independiente, cualquier aventura nacionalizadora —sea de bancos, sea del comercio exterior— equivale a un suicidio garantizado.
    Los considerados "progresistas", que desde una sensibilidad de izquierda apoyan las medidas intervencionistas de los gobiernos, deben tomar conciencia de que los métodos de construcción de poder utilizados por el matrimonio presidencial han llevado al paroxismo las prácticas clientelares con grave deterioro de la función pública.
    En los Estados Unidos, al principio, el Estado capitalizó esos fondos mediante acciones preferenciales, sin derecho a voto en el directorio, pero ahora acaba de convertir en acciones comunes —con derecho a voto— 36 % del capital del Citigroup. Para los representantes del Partido Republicano, se trata sencillamente de una "nacionalización", una palabra prohibida en el lenguaje económico de los estadounidenses.
    En el transcurso de la Conferencia de Acción Política Conservadora, los republicanos criticaron al presidente Obama acusándolo de "europeizar" a los Estados Unidos. Hacían así velada referencia a la política de nacionalizaciones bancarias emprendidas en los años 80 en Francia por el gobierno socialista de François Miterrand y que fuera luego rápidamente abandonada.
    El titular de la Reserva Federal, Ben Bernanke, tuvo que salir a aclarar a los congresistas que la actual administración no pretende "nacionalizar" el sistema financiero y que se trata de una simple medida coyuntural para afrontar la crisis.
    Sin embargo, la indudable responsabilidad del sector financiero en el origen de la crisis y los obstáculos que está poniendo a la hora de ofrecer crédito para reducir sus efectos, plantean algunas preguntas incómodas para los banqueros. Numerosos gobiernos europeos acusan a la banca de no dar suficiente crédito. Las entidades financieras se defienden afirmando que frente a una economía en retroceso no hay demanda solvente y que sería irresponsable prestar a empresas que están pasando dificultades. Se hace visible entonces la contradicción entre la función social que debe cumplir la banca, canalizando el crédito a las empresas, y las reticencia de los banqueros, para no poner en riesgo su cuenta de resultados.
    El desmantelamiento de la banca pública fue una de las labores que con más entusiasmo se llevó a cabo en la década del 90, en pleno auge de la ideología del fundamentalismo de mercado. Pero esa radical extirpación de la banca pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se le requiere al sistema bancario para que contribuya a paliar la crisis.
    Para el profesor español José Manuel Naredo, tras tanto adelgazar al Estado y engordar los negocios privados, el volumen de estos crecen a un ritmo muy superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en España, en 1995, el importe de los créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en 2007 ya lo quintuplica, con lo que son cada vez más limitados los recursos públicos en comparación con los privados.
    Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. El profesor Naredo opina que en este caso, sería razonable aprovechar tan enorme esfuerzo para reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y paliar así los excesos privatizadores del pasado.
    El rol del sistema bancario en la prometida "reestructuración" del capitalismo y la conveniencia de contar con una fuerte estructura bancaria oficial compitiendo con la banca privada, es una de las cuestiones centrales en el debate que se avecina. Hay que recordar —algo que los argentinos aprendieron dolorosamente durante la convertibilidad— que el sistema bancario cumple un rol institucional y crea más dinero que el propio Gobierno, a través del efecto del multiplicador.
    Y en relación al intervencionismo y a los aplausos que pueda generar, mientras en la Argentina no se reconozca el valor estratégico de la calidad institucional, entendida fundamentalmente como profesionalización de la Administración pública, cualquier pretensión de aumentar los niveles de responsabilidad del Estado serán arriesgados saltos al vacío.

Aleardo Laría

TOTALITARISMO INVERTIDO

Thu, 29 Jan 2009 00:00:00 +0300

Sheldon Wolin es considerado uno de los intelectuales más prestigiosos de los Estados Unidos

    Sheldon Wolin es considerado uno de los intelectuales más prestigiosos de los Estados Unidos. Profesor emérito en la Universidad de Princeton, su obra no es muy abundante. En 1960, salió a la luz su clásico "Política y perspectiva" y, desde entonces, ha escrito numerosos artículos sobre temas propios del debate politológico.
    Pero ahora, a sus 86 años, acaba de publicar un ensayo impresionante —"Democracia SA" (Editorial Katz)— una crítica descarnada de la democracia estadounidense.
    La tesis central del nuevo libro de Wolin es que el sistema político actual de los Estados Unidos se está deslizando imperceptiblemente hacia una forma novedosa de totalitarismo, que denomina "invertido".
    A diferencia de los totalitarismos "clásicos", representados por la Alemania nazi, la Italia fascista o la Rusia estalinista, el totalitarismo invertido representa un rumbo que se aleja del imperio de la ley, del igualitarismo y del debate público, para acercarse lo que también denomina "democracia dirigida". Como bien aclara Wolin, su tesis no es que el sistema norteamericano sea una réplica de la Alemania nazi. Sólo se introduce la referencia a la Alemania de Hitler para recordar cuáles fueron los parámetros de un sistema de poder que invadió otros países, justificó las "guerras preventivas", reprimió toda oposición en el ámbito local y estaba abiertamente decidido a dominar el mundo.
    Esos parámetros sirven para poner en evidencia las tendencias totalizadoras que se oponen a los principios de lo que debe ser una democracia constitucional. Justamente, hay inversión porque el sistema produce un número significativo de acciones que suelen asociarse con su antítesis.
    Los regímenes totalitarios clásicos fueron básicamente la creación de líderes carismáticos que movilizaron de forma oportunista a las multitudes. El "totalitarismo invertido" no tiene un "Main Kampf" como fuente de inspiración. Es un conjunto de prácticas emprendidas sin conocer sus consecuencias a largo plazo. Un sistema que llega al éxito alentado por la falta de compromiso más que la movilización, que se apoya en los medios de comunicación privados más que en las agencia oficiales y reposa en el creciente poder de las corporaciones económicas y de los lobbies que cooptan las instituciones legislativas.
    Tras el 11 de septiembre, el ciudadano estadounidense fue impulsado al reino de la mitología, con el argumento de que fuerzas ocultas se empeñaban en destruir el mundo libre. El mito no hace inteligible el mundo, sólo lo hace dramático. En el curso del relato mítico, los héroes alcanzan ciertos privilegios que le permiten emprender acciones sangrientas y destructivas —como lo prueban las víctimas civiles en Irak— que les están negadas moralmente a los demás.
    Lo mítico se nutre también de otras fuentes, como es el mundo imaginario creado y recreado continuamente por los medios. La guerra es un juego de acción que se juega en el living viendo la televisión, pero no se experimenta verdaderamente. Cuando los que toman decisiones se convencen a sí mismos de que las fuerzas de la oscuridad poseen armas de destrucción masiva o de que su propia nación está privilegiada por un Dios particular, se produce una desconexión entre los actores responsables y la realidad.
    Según Wolin hay cada vez más ciudadanos de los EE.UU. que "ya no reconocen su país". Se quejan de la guerra de anticipación, del espionaje interno, del uso generalizado de la tortura y de una costosa expansión militar con setecientas bases en el extranjero.
    Como dando razón a sus palabras, las primeras decisiones del flamante presidente Obama han ido dirigidas a terminar con esas prácticas incompatibles con un Estado democrático. Como señala Wolin, hay que recuperar la democracia para que no parezca que ha sido suprimida.

Aleardo Laría

El por qué de la crisis mundial

Tue, 16 Dec 2008 00:00:00 +0300

Como señala el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz la globalización económica avanza más de prisa que la globalización política. No se han creado a escala internacional las instituciones globales democráticas que puedan gestionar los problemas que la misma globalización ha provocado y las consecuencias están a la vista.

La crisis financiera que se ha desatado es, en el fondo, consecuencia de la ausencia de un sistema de gobernanza global, de la falta de un mínimo gobierno mundial.

En el marco del Estado-nación, el mercado no actúa en un vacío institucional. Existe una infraestructura física (vías de comunicación y redes para la provisión de servicios), jurídica, educativa, tecnológica, financiera, ambiental y social. Esta infraestructura no puede ser provista por ninguna empresa particular, ni puede ser orientada basada exclusivamente en las señales del mercado. Sólo el Estado está en condiciones de suministrarla.

El entramado legal que garantiza la independencia del sistema judicial, fija los derechos de propiedad, el valor de los contratos, los mecanismos para la dilucidación de las diferencias o regula los sistemas de información está restringido todavía al plano nacional. No existen mecanismos equivalentes a escala internacional o los que hay, son todavía muy incipientes. La consecuencia es que en el plano internacional, las fuerzas que operan en el mercado están liberadas de los mecanismos de contención que juegan en el plano nacional.

El problema se ha visto agravado por el modo en que se ha gestionado la globalización. El enorme peso e influencia de los Estados Unidos ha permitido que la globalización se estructurara bajo la influencia del modelo liberal anglo-americano.

La consecuencia ha sido que se priorizaran los valores materiales sobre otros valores como el medio ambiente, la preservación del empleo o la erradicación de la pobreza. Por otra parte, la globalización ha socavado la democracia, al restar capacidad a los ciudadanos para participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan su bienestar.

Un claro ejemplo sobre esto se relaciona con la inusitada dimensión que ha tomado la actual crisis financiera. Los grupos corporativos de las grandes finanzas nucleados en Wall Street consiguieron que el Fondo Monetario Internacional ejerciera enormes presiones sobre los países en vías de desarrollo para que liberalizaran los flujos de capital.

Entonces, la liberalización del mercado de capitales facilitó la libre circulación de dinero a corto plazo, caliente, especulativo y esta liberalización no ha conducido a un mayor crecimiento sino a una mayor inestabilidad, como ahora se pone en evidencia.

A largo plazo, el mundo se enfrente a un peligro aún mayor: la sostenibilidad medioambiental. Si no se consigue reducir el calentamiento del planeta mediante la reducción del gasto de energía, nos enfrentaremos a un desastre irreversible. Los Estados Unidos siguen siendo los mayores emisores de gases con efecto invernadero. Pero la incorporación de la India y China a la sociedad industrial ha aumentado el uso de energía y en el largo plazo el medio ambiente no puede resistir este incremento.

Hay toda una serie de bienes públicos globales que debieran ser provisto por la comunidad internacional: en primer lugar, la paz mundial. Pero, además, la protección del medio ambiente, la sanidad global, la regulación de los desestabilizadores flujos financieros, la creación de órganos judiciales de ámbito global para garantizar la aplicación de las leyes internacionales, etc. Existe un consenso global en reconocer que ninguna nación, por poderosa que fuese, tiene ya capacidad para adaptar el mundo a sus intereses. Por consiguiente, la globalización política ha de ser consecuencia del acuerdo entre iguales y debe basarse en el imperio de la ley a escala internacional. Hay que desarrollar instituciones democráticas globales para que la globalización funcione.

Hasta ahora, la globalización ha sido gestionada de acuerdo a los intereses de los países más desarrollados o, para ser más exactos, de algunos grupos corporativos de esos países. Pero esa forma de gestión ha fracasado.
Es necesario dar un fuerte golpe de timón y conseguir una gestión de la globalización más justa, que contemple todos los intereses en juego. El interés del conjunto de los pueblos del mundo, pero también el de las generaciones futuras para las que debemos preservar los recursos no renovables del planeta. Hay cosas demasiado importantes para dejarlas sometidas a la lógica cortoplacista del beneficio.

Aleardo Laría

CON OBAMA, LOS LIBERALES RECUPERAN EL EQUILIBRIO

Fri, 12 Dec 2008 00:00:00 +0300

CON OBAMA

    En los Estados Unidos el término "liberal" o "progresista" se emplea para denominar a las personas ideológicamente afines al Partido Demócrata y se reserva la expresión "conservador" para designar a los miembros del Partido Republicano. Si nos situamos en el eje izquierda-derecha, ser liberal en los Estados Unidos equivale a "ser de izquierdas" en España. Pero desde que el Partido Republicano pasó a ser controlado por su ala derechista, a mediados de la década del 70, hubo un corrimiento general hacia estribor y todas las posiciones se deslizaron hacia la derecha. Ahora, con Barack Obama en la palestra, es probable que se recupere el equilibrio perdido.
    Una brillante descripción del actual panorama político norteamericano se puede encontrar en el reciente libro del Premio Nobel de Economía, Paul Krugman cuyo título original en inglés —La conciencia de un liberal— ha sido convertido en el recatado Después de Bush para la edición castellana preparada por la editorial Crítica.
    Se trata de un ensayo muy recomendable para quienes tienen una visión unidimensional de los Estados Unidos e ignoran la variedad y pluralidad de una sociedad tan compleja como la norteamericana. Para Krugman, los Estados Unidos de la época de la posguerra, eran una sociedad de clases medias.
    La distribución relativamente equitativa de los ingresos, obra del gobierno de Roosevelt, había permitido mejorar la situación social de millones de estadounidenses. A la igualdad en lo económico correspondía la moderación en lo político y en ese sentido demócratas y republicanos mantuvieron un amplio consenso tanto en política exterior cuanto en política interior, donde se preservaron los logros del New Deal, es decir las políticas de regulación de la economía por parte del Estado, adoptadas para salir de la depresión de 1929.
    El fin de la etapa de cooperación entre ambos partidos se produjo cuando la dirección del Republicano fue asumida por un movimiento conservador, de carácter extremista, que pretendió revocar el legado de Roosevelt aceptado por Eisenhower y otros líderes republicanos. Las elecciones presidenciales de 2000, en las que asumió George W.Bush, terminaron con la edad dorada de la igualdad económica.
    En las elecciones al Congreso de 2002, los republicanos consiguieron una victoria apabullante, explotando el fantasma del terrorismo. Señala Krugman que una de las razones que llevaron a la guerra con Irak fue el deseo del presidente Bush de prolongar un estado de guerra psicológica —además de las expectativas en una rápida victoria— que favorecieran sus posibilidades de reelección.
    En 2004, el presidente reelecto se propuso inclusive —sin llegar a conseguirlo— desmantelar el sistema de seguridad social, la institución más importante surgida del New Deal. Este proceso vivido en los Estados Unidos prueba, en opinión de Krugman, que las instituciones, las normas y el contexto político tienen una repercusión mayor sobre la distribución de los ingresos, que las fuerzas impersonales del mercado.
    El aumento de la desigualdad económica en el período Bush fue consecuencia de un giro a la derecha de la política que socavó las normas e instituciones sociales destinadas a fomentar la igualdad. Por otra parte, quienes en Estados Unidos se definen como conservadores, han pretendido asignar al presidente poderes casi dictatoriales y han permitido que la administración Bush encarcelara a personas sin cargo y las sometiera a tortura. De allí que, en opinión de Krugman, los demócratas se hayan convertido, con el paso del tiempo, en el verdadero partido conservador de este país, "el partido dedicado a conservar lo mejor de los Estados Unidos". Sostiene Krugman que el nuevo presidente electo está moralmente obligado a abrazar un programa decididamente "liberal", destinado a extender la red de cobertura social y a reducir la desigualdad económica. En suma, a promover una sociedad de clases medias.
    En este sentido, para los progresistas, la cuestión de mayor relevancia en materia de política interior pasa por asegurar un seguro médico universal que llegue a todos los habitantes. En esta cuestión, afirma, no cabe consenso alguno con los republicanos, reacios a ampliar el actual programa público Medicare. Una democracia viva y competitiva demanda en ocasiones renunciar al consenso para avanzar por un camino de progreso. Frente a un movimiento conservador que ha mostrado una clara propensión al autoritarismo, sólo cabe reivindicar una sociedad relativamente igualitaria, fundada sobre instituciones que limiten tanto la riqueza como la pobreza extrema. Estos principios son, asegura Krugman, los que convierten, en los Estados Unidos, a los liberales en los auténticos demócratas.

Aleardo Laría

CLIENTELISMO Y CORRUPCIÓN

Tue, 23 Sep 2008 00:00:00 +0300

Habitualmente se asocia la expre

    Habitualmente se asocia la expresión clientelismo al intercambio de bienes de primera necesidad por votos. De esta manera se produce un intercambio de favores entre una persona que coloquialmente se denomina "puntero" y otra que se convierte en "cliente". Algunos analistas estiman que estamos simplemente frente a una forma más de asistencia social. Opinan que si sirve para obtener votos es debido al reconocimiento de una actuación política acertada. Sin embargo, como argumentaremos a continuación, el clientelismo es una práctica inaceptable, sumamente perjudicial para el funcionamiento de la democracia y es la causa determinante del fenómeno de la corrupción.
    La práctica del clientelismo se remonta a la antigua Roma, en donde el pater familiae ejercía un patriarcado amplio que abarcaba no sólo a los miembros de la familia, sino a ciertos hombres libres denominados "clientes". Estos aceptaban someterse a la influencia de un hombre poderoso para recibir a cambio el usufructo de tierras o protección policial. Se mantuvo en la Edad Media en el acuerdo entre el poseedor de un castillo y los vasallos que trabajaban las tierras de su señor y le prestaban ayuda militar en caso de necesidad.
    Con el advenimiento de la Revolución Industrial se fueron eliminando las formas clientelares propias del feudalismo. No obstante, con la incorporación del voto popular, la costumbre de la "compra del voto" sobrevivió en algunos países hasta nuestros días. En la mayoría de las democracias modernas, sin embargo, estas prácticas fueron erradicadas cuando se introdujeron reformas legales y el conjunto de la clase política acordó preservar a las estructuras del Estado de la influencia de las políticas clientelares.
    Si adoptamos una definición amplia del clientelismo y entendemos que abarca no sólo el intercambio de bienes o favores sino también la incorporación a los presupuestos del Estado, como personal contratado, de una extensa red de punteros, veremos que el fenómeno es muy amplio. En el caso extremo, entraría también dentro de la definición la cooptación de intelectuales o dirigentes de fuerzas partidarias de la oposición, a quienes a cambio de su adhesión incondicional, se le ofrecen cargos públicos con jugosas retribuciones. Las consecuencias de estas prácticas, como se puede observar actualmente en Argentina, son letales para el ejercicio de la democracia y provocan una grave ineficiencia en el funcionamiento del Estado. La incorporación indiscriminada de personas a la Administración pública, cuyo cometido está completamente alejado de la función asignada, y que dedican la mayoría de su tiempo al cultivo de la red clientelar, es causa de grave ineficiencia del aparato estatal.
    En cuanto al funcionamiento democrático, se establece una enorme desigualdad entre el partido que está en el poder y los otros. Al utilizar desenfadadamente los recursos públicos (medios de transporte, publicidad, etc.) para una campaña política permanente, basada en la inauguración cotidiana de obras públicas, el partido oficialista corre con una enorme ventaja. Todas estas prácticas, que son tan habituales en Argentina, al punto que se han incorporado como hechos normales que ya no llaman la atención, han sido erradicadas en las democracias avanzadas. Todos los países que han iniciado procesos de desarrollo exitosos lo han conseguido a partir de preservar las estructuras del Estado de este juego político miserable.
    La presencia exclusiva en el Estado de funcionarios de carrera, elegidos por procedimientos objetivos de selección, es la mayor garantía de una actuación imparcial. De este modo se evitan las intervenciones públicas arbitrarias que son las que dan lugar luego al fenómeno de la corrupción. Por consiguiente, lejos de disculpar con eufemismos las prácticas clientelares, los ciudadanos que apoyan las políticas progresistas deben reconocer la estrecha relación que existe entre clientelismo y corrupción. Ambas prácticas están inextricablemente unidas, y si consentimos la primera, inevitablemente, aunque nos neguemos a verlo, estamos propiciando la segunda.

Aleardo Laría

¿POR QUE NO MIRAR A PETROBRAS O PDVSA?

Thu, 28 Aug 2008 00:00:00 +0300

REESTATIZAR SIN RENTABILIDAD AYU

    Una forma de abordar la crisis de Aerolíneas Argentinas es tomar en cuenta a los distintos grupos de interés afectados por el problema. Esta mirada descarnada, facilita la adopción de la decisión más equitativa y razonable, partiendo del presupuesto de que no existe una fórmula que alcance a satisfacer a todos.
    Es que la labor de gestión pública inevitablemente lleva a tomar decisiones que sacrifican unos intereses en función de otros y lo deseable es que se adopte la decisión más sustentable en el largo plazo.
    El primer grupo más importante y extenso de afectados por el problema es el de los contribuyentes argentinos, que naturalmente no pueden ver con buenos ojos que se incorpore al presupuesto público una empresa que genera una pérdida mensual de 30 millones de dólares y arrastra un pasivo que prima fascie es de 980 millones de dólares.
    Si, además, para sostener esos quebrantos, se desvían fondos presupuestarios destinados a fines sociales, la compra o la renacionalización no parece una solución aceptable.
    Desde la perspectiva de los usuarios de líneas áreas —una minoría privilegiada que no supera 5% de la población argentina— lo deseable sería la prestación del servicio en condiciones de seguridad y puntualidad, con independencia de la nacionalidad o el carácter público o privado de la compañía que lo preste.
    No es probable que haya muchos viajeros que, por espíritu patriótico, estén dispuestos a esperar horas en los aeropuertos soportando retrasos para tener la dudosa satisfacción de viajar en la "línea de su bandera". Los sindicatos aéreos son los más interesados en la reestatización para mantener la fuente de trabajo y conservar sus derechos adquiridos en materia de condiciones laborales. Aquí cabe recordar que, según Marsans, las privilegiadas condiciones laborales de estos operarios y su elevada conflictividad, contribuyeron decisivamente —junto con el congelamiento de las tarifas y el aumento de los combustibles— a hundir la rentabilidad de la empresa.
    Finalmente, los intereses de los dueños de Marsans pasan por desprenderse de una compañía que les genera pérdidas irreversibles y endosarle a otro el problema. Si, además, consiguen venderla por un buen precio, fijado por un tasador internacional independiente, "miel sobre hojuelas".
    El acta-acuerdo firmada entre el secretario de Transportes, Ricardo Jaime y la empresa Marsans, que establecía la compra por el precio fijado en última instancia por una consultora internacional independiente, pareció la solución ideal para la compañía española y para los sindicatos argentinos. De este modo, el problema se le endosaba a los contribuyentes argentinos, vía presupuestos del Estado.
    En la práctica, el arreglo supone volver a los viejos tiempos anteriores a la privatización de los '90 y a las irrefrenables pérdidas generadas por las empresas del Estado, debido al clientelismo y a la concesión irresponsable de privilegios insostenibles.
    El cambio que se generó en la Cámara de Diputados apuntó a corregir parcialmente ese acta-acuerdo al establecer que el precio será aprobado en última instancia por el Congreso. Como estamos ante una operación de compraventa comercial que requiere el acuerdo voluntario entre dos partes (comprador y vendedor), la fórmula parece poco viable en la práctica.
    De este modo, necesariamente los presupuestos del Estado se harán cargo de toda la planta de personal con sus antiguos privilegios corporativos y, en las actuales condiciones de falta de rentabilidad, será inevitable la desviación de fondos presupuestarios que podrían tener un destino social más adecuado, si se dirigieran a personas carenciadas más que a cubrir el pago de los sueldos millonarios de los pilotos.
    Desde esa perspectiva, la solución más razonable para los contribuyentes y usuarios sería la continuación del proceso de quiebra de la actual compañía española hasta su disolución y la creación paralela de una nueva compañía mixta diseñada desde sus orígenes para tener rentabilidad, recolocando sólo el personal necesario, contemplando una participación razonable del Estado (modelo Petrobras). Así, el personal sobrante podría recibir una prestación de desempleo hasta su recolocación en otras compañías o su jubilación anticipada.
    El problema de la transición, para evitar la paralización de los servicios, se podría resolver perfectamente con la actual Ley de Quiebras, designando un interventor judicial en representación del Estado, que es uno de los principales acreedores, mientras se subastan los activos que se pueden ceder luego a la nueva compañía. El activo más importante es un intangible: los derechos sobre las rutas aéreas, que pueden revertir sin costo alguno al Estado.
    Por consiguiente, la solución a largo plazo del problema pasa por el diseño de una nueva compañía en condiciones de rentabilidad, poniendo fin a privilegios corporativos inasumibles. Una tarea similar a la que hizo Hugo Chávez con Petróleos de Venezuela SA.
    En las economías modernas las empresas funcionan en condiciones de rentabilidad y los salarios y derechos sociales de los trabajadores deben estar a tono con la eficiencia y productividad de la empresa. Cualquier otra fórmula es comprar un pasaje para asistir al espectáculo de un renovado fracaso.

Aleardo Laría

EL REGRESO DE LAS ANTINOMIAS

Thu, 14 Aug 2008 00:00:00 +0300

EL REGRESO DE LAS ANTINOMIAS Por

    En una democracia coexiste una extensa pluralidad de puntos de vista, que en su gran mayoría son consecuencia inevitable de la diversidad de intereses subyacentes.
    Las diferentes opiniones en materia económica, política, moral o confesional no permiten esperar la eliminación de los desacuerdos.
    Lo que sí es posible es establecer, a través del juego institucional, algunos modos de contención de esos desacuerdos. La democracia exige reconocer lo múltiple, lo diferente, lo heterogéneo y, al mismo tiempo, en difícil equilibrio, la necesidad de preservar las bases del sistema.
    Cuando los desacuerdos alcanzan algún grado de intensidad utilizamos la expresión conflicto, que refleja el choque de intereses contrapuestos. Si el conflicto se prolonga a lo largo del tiempo, en una dimensión diacrónica, pasa a convertirse en un antagonismo de carácter histórico. También utilizamos la expresión antinomia para reflejar la existencia de dos opiniones diferentes respecto de una misma cuestión.
    Las antinomias en la vida política argentina son conocidas y surgieron desde los inicios mismos de la nacionalidad. La lucha entre unitarios y federales marca las diferencias profundas acerca del grado de centralidad del Estado y el reparto de sus recursos. Una vez resuelto el conflicto en algún grado con la Constitución de 1853, las diferencias se prolongaron en la república conservadora entre quienes defendían el fraude patriótico y quienes deseaban ampliar las bases democráticas del Estado. Desde mediados del siglo XX la gran antinomia argentina ha sido la de peronismo-antiperonismo de tanta vitalidad que aún colea entre nosotros. En momentos en que el conflicto que enfrenta al Gobierno con el campo ha reactualizado otra gran antinomia histórica -pueblo vs. oligarquía- resulta reconfortante la lectura del reciente libro de Pablo Mendelevich (El país de las antinomias, Ediciones B). En un viaje lleno de ácido humor por todas las antinomias que a lo largo de casi dos siglos han separado a los argentinos, el autor consigue relativizar el peso de los antagonismos sin perder de vista los riesgos que entrañan estas empresas.
    La creación de nuevas antinomias o la recuperación de las antiguas tienen beneficios políticos inmediatos para quienes las impulsan. Pero estimulan el surgimiento de un elemento tan corrosivo como el odio. Un odio, que según Mendelevich se multiplica y recicla entre ambas partes una vez que la maquinaria se ha puesto en marcha. Curioso rasgo el de la antinomia, añade, donde el combustible, con mayor o menor octanaje, termina siendo el mismo para las dos partes.
    El riesgo que entraña el uso frívolo de las antinomias es caer en lo que el profesor español Gregorio Peces Barba denomina las ideologías del enemigo sustancial. Estas ideologías son las que han propiciado la conformación de sociedades autoritarias, totalitarias y excluyentes donde con el pretexto de la defensa de algún mito fundacional ("la revolución") se impide la existencia de partidos políticos opositores o la libertad de expresión. En las sociedades donde la democracia se ha consolidado, el riesgo se presenta cuando dirigentes políticos impulsan la destrucción simbólica del adversario, convertido en enemigo sustancial, en otro con el cual resulta imposible cualquier acuerdo. Esta concepción sólo se sostiene desde una visión maniquea, donde un yo inocente, poseedor de la verdad, se enfrenta a los otros, que son los enemigos irrecuperables. Como señala Mendelevich, es verdad que ya no nos matamos entre nosotros y ya no rige el concepto de que con la supresión del otro al día siguiente el mundo será mejor. Pero no debemos olvidar que las ideologías del enemigo sustancial propiciaron la enorme tragedia argentina de los años setenta. Recordando a las víctimas de ese tiempo ominoso, por simple sentido ético de la responsabilidad, debiéramos evitar que las diferencias políticas del presente se eleven al deletéreo valor simbólico que alcanzaron en aquel pasado.

Aleardo Laría

CONFLICTOS TRANSVERSALES

Wed, 16 Jul 2008 00:00:00 +0300

En la moderna sociedad compleja

    En la moderna sociedad compleja, no todos los conflictos encajan en la dicotomía política habitual que separa al hemisferio izquierdo del derecho.
    Hay conflictos transversales, es decir que desde una visión topográfica, parecen cortados por una perpendicular a la línea tradicional, de modo que en las dos semiesferas encontramos nucleadas a fuerzas de izquierda y derecha.
    El conflicto que enfrenta al Gobierno de los Kirchner con el campo es un ejemplo, pero hay muchos más y son cada vez más frecuentes en una sociedad plural.
    Al igual que pasa con los conflictos, las demandas sociales también pueden ser asumidas conjuntamente por ciudadanos "de izquierda" con el mismo entusiasmo con que las reivindican ciudadanos "de derecha". Pensemos, por ejemplo, en la demanda de mayor calidad institucional o en la que reclama el fin del clientelismo prebendario.
    Pertenecen ya a un espectro muy extenso, en el que confluyen partidarios de Mauricio Macri con simpatizantes de Hermes Binner y no se pueden adscribir a la izquierda o a la derecha. La existencia de posicionamientos que obedecen a la opinión libre e independiente de los ciudadanos, más que a fidelidades ideológicas tradicionales, es un signo de progreso intelectual. Nuestro cerebro está modelado por miles de años de evolución, y la creación de modelos y estereotipos ha sido una necesidad para ordenar el caos del mundo exterior. Cada vez que atravesamos una calle, nuestro cerebro reconoce la escena y con ello evitamos los accidentes. Esto nos salva la vida, pero a costa de la inevitable rigidez de los estereotipos.
    En distintos órdenes de la vida, ya sea el religioso, étnico o económico, la existencia de un modelo de identidad se obtiene mediante la afirmación de una diferencia. La presencia de un "otro" exterior, permite la conformación de un "nosotros" colectivo y abrazador. Esa polarización entre blanco y negro, entre nosotros/ellos, trasladada al orden político, tiene el riesgo de transformarse en una relación amigo/enemigo. La cuestión decisiva en democracia, como afirma Chantal Mouffe, consiste en conseguir que el conflicto, inevitable en toda acción política, sea reducido a una relación compatible con el pluralismo. Por consiguiente no se debe ver en el oponente un enemigo a abatir, sino un adversario al que se debe tolerar.
    La visión binaria tradicional entre "pueblo" y "oligarquía" puede ser un estereotipo útil para simplificar el complejo mundo de la política, pero entraña el riesgo de permanecer atado a una visión anacrónica, a una "dicotomía senil" en palabras de Santiago Kovadloff. Algunos intelectuales de izquierda perciben que existe una disonancia cognitiva entre su modo de pensar y la realidad y en vez de actualizar su discurso, intentan dibujar una realidad ficticia, que resulte coherente con su modo de pensar. Por ejemplo, en el conflicto del campo, les resulta incoherente que la Federación Agraria Argentina, una organización considerada de izquierdas, aparezca en un frente común con la Sociedad Rural. Llegan entonces a la conclusión de que los antiguos arrendatarios del campo se han convertido en propietarios rentistas que alquilan sus campos a los pools de siembra. Es decir que, según esa caricatura, los pequeños y medianos agricultores se habrían pasado con armas y bagajes al campo de la oligarquía. Una interpretación similar se hace en relación con las clases medias, tan apreciadas cuando en 2001 se formaban asambleas barriales que gritaban "que se vayan todos" (aunque los que se tenían que ir eran "otros"). Ahora se afirma impúdicamente que "la clase media se alineó con el proyecto neoliberal de los 90 y prefiere votar con la oligarquía". Hay que salvar el estereotipo aunque la realidad perezca.
    Un grupo de intelectuales y funcionarios, que se reúnen en la Biblioteca Nacional, han emitido una serie de cartas abiertas de texto enrevesado, en las que han inventado una expresión, "la nueva derecha", para caracterizar a quienes no aceptan su interpretación que atribuye un propósito "destituyente" a los hombres del campo. "Es una nueva derecha porque, a diferencia de las antiguas derechas no es literal con su propio pasado" afirman en una expresión ininteligible de la "carta abierta 3". Según su particular manera de ver las cosas, el diputado Claudio Lozano, de la CTA, que votó en contra de las retenciones móviles, formaría parte de "la nueva derecha", mientras que Hugo Moyano de la CGT y los intendentes del conurbano bonaerense, aliados con el Gobierno, serían, por deducción, los flamantes representantes de "la nueva izquierda". Estos actos de prestidigitación intelectual son la expresión de la dificultad para superar los estereotipos seniles y la incapacidad para entender la esencia del pluralismo. Frente a una realidad compleja caben múltiples interpretaciones y matices y nadie está en condiciones de aparecer como dueño de la verdad, dispensando etiquetas de izquierda o derecha.
    A veces olvidamos que la verdad, como sustantivo, no existe. Es sólo una fina línea en el horizonte, que se aleja a medida que nos aproximamos.

Aleardo Laría

EL VERSO KIRCHNERISTA

Wed, 02 Jul 2008 00:00:00 +0300

América latina es considerada la

    América latina es considerada la región con mayor desigualdad en el mundo. Uno de los modos de medir el grado de desigualdad en un país consiste en establecer cuántas veces la renta del 10% más rico supera al decil que está situado en la base de la pirámide. Esa relación en Argentina es de 31 veces mientras que en Japón, por ejemplo, es de sólo 7.
    Por consiguiente, toda política que aspire a conseguir una redistribución más justa de la renta en nuestro país merece ser bien acogida. Pero otra cuestión es verificar si los buenos deseos se ven correspondidos por políticas que alcanzan a modificar la realidad.
    El medio más directo y eficaz para redistribuir la renta es el sistema impositivo. Sin embargo, en la Argentina, el sistema impositivo mantiene un sesgo regresivo. El peso de los impuestos directos (33% del total de la recaudación) sigue siendo mucho menor que el de los impuestos indirectos (66%).
    El IVA, un impuesto que pagan pobres y ricos, tiene una alícuota muy elevada (21%) frente al 16% de España. La renta financiera (intereses y dividendos) sigue sin estar gravada y las plusvalías obtenidas por la venta de las acciones de una empresa no tributan. Otro modo de verificar la eficacia del sistema impositivo es medir la presión impositiva, es decir la cantidad total recaudada en relación con el Producto Interior Bruto (PIB). Es una media, es decir que puede haber contribuyentes que paguen mucho y otros que no paguen nada porque evaden. Pero igualmente sirve de referencia porque la existencia de una elevada evasión es también un signo de redistribución regresiva del ingreso.
    En la Argentina, la presión impositiva ha ido subiendo en los últimos años pero, en términos comparativos, sigue siendo baja. Según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la presión tributaria total pasó de 25,5% del PIB en 2000 a 31,4% en 2006. Es una cifra todavía inferior a la que tiene Brasil (33,4%), Alemania (37%) o los países escandinavos (en Suecia alcanza 51,5%).
    En definitiva, al no haberse modificado en los últimos años el sesgo regresivo del sistema impositivo, se puede afirmar decir que no se percibe una diferencia entre el modelo "K" y los modelos fiscales anteriores. En todo caso, hay que reconocer una mayor eficacia en la gestión recaudatoria, lo que ha permitido reducir la evasión fiscal, debido a la mejora de los sistemas informáticos y catastrales implantados en los años 90.
    Podría entenderse que otro modo de redistribuir ingresos se consigue a través de las políticas de subsidios para evitar el incremento de algunos precios relevantes en la cesta de los consumidores. En la Argentina, el Estado paga subsidios a la industria harinera y a la aceitera para evitar la suba del precio del pan y del aceite; al gasoil para evitar el aumento del precio de los transportes; etc.
    Esta política de subsidios no es habitual en los países avanzados porque provoca graves distorsiones en los precios relativos, constituye un entramado muy difícil de desarmar en el futuro y tiene un peso cada vez mayor en el presupuesto del Estado, donde ya representa 25% del gasto público, superando el gasto en sueldos y salarios del personal del Estado.
    Desde el punto de vista redistributivo, sus efectos son imprecisos. Un subsidio a la tarifa eléctrica beneficia a las clases medias de elevados ingresos, tanto como a los hogares humildes que tienen acceso al servicio, algo que no todos consiguen. El subsidio a la tarifa del gas no alcanza a favorecer a los hogares no conectados a la red que deben pagar la garrafa del gas licuado a un precio mucho más elevado.
    La política actual de subsidios parece más bien dirigida a contener el índice inflacionario, para evitar así que aumente el costo de la deuda pública indexada con el IPC, más que a redistribuir ingresos. Por otra parte, el sistema de subsidios es una fuente de corrupción porque deja en manos de los gestores públicos un enorme poder para retrasar o avanzar los pagos y da lugar a un costo administrativo de gestión que lo hace altamente ineficaz.
    Tal vez sería más razonable sustituir todo el sistema de subsidios por una renta básica dirigida a los hogares más humildes, previamente censados por un procedimiento objetivo y abonada por el sistema bancario para evitar mediaciones indeseadas.
    Otra forma de redistribuir el ingreso se consigue por un medio indirecto, mediante la entrega suficiente -y respetando mínimos de calidad- de los denominados "bienes públicos", como la salud, la educación, la vivienda y la protección ante la incertidumbre. Si los sectores humildes tuvieran acceso a un seguro de desempleo, a hospitales públicos de calidad, escuelas bien dotadas y accedieran a viviendas dignas con créditos hipotecarios subvencionados a largo plazo, se podría aceptar que estamos ante política reales de redistribución.
    Sin embargo, observando la realidad actual, no parece que en los últimos años se hubiera producido un incremento o mejora de los bienes públicos puestos a disposición de los más humildes.
    Resta analizar si el anuncio oficial de destinar una parte de los incrementos en las retenciones a las exportaciones —es decir sólo aquellas que superen el 35% vigente al 11 de marzo— para la construcción de 30 hospitales públicos de complejidad 4 implica un cambio sustancial de políticas. Hay que decir, en primer lugar, que las retenciones a las exportaciones, por su carácter de instrumentos de política cambiaria, sometidas a los vaivenes propios de los precios de las commodities en los mercados internacionales no es un medio idóneo para financiar obra pública.
    Sólo hay que imaginar un descenso del precio internacional de la soja a los niveles en que se aplica una retención de sólo 35%. ¿Se dejarían en este caso los hospitales a medio construir por haber desaparecido la previsión presupuestaria de ingresos? Por otra parte, la vulneración flagrante de la Ley de Coparticipación, demuestra que lo que aparentemente se entrega a las provincias por una partida, no alcanza a compensar lo que se les sustrae por la otra. Los 30 hospitales que supuestamente se darían a las provincias a lo largo de dos años representan una inversión estimada provisoriamente en unos 3.000 millones de pesos.
    Sin embargo, el incumplimiento de la vigente Ley 23.548 de Coparticipación -que obliga a la Nación a entregar a las provincias 57,36% de lo recaudado, cuando en realidad reciben sólo 30%- puede valorarse en una suma de unos 15.000 millones anuales. Es decir, que la entrega de la suba de las retenciones apenas cubre 10% de la deuda que la Nación mantiene con las provincias.
    La conclusión parece obvia. No se está en presencia de un modelo de redistribución social diferente al que tenía Menem o De la Rúa. Sin embargo, la revitalización que ha vivido el Congreso al recibir el espinoso asunto de las retenciones, puede ser un revulsivo que permita introducir el tema de fondo representado por la discrecionalidad más absoluta en el reparto de los fondos coparticipables. La Constitución de 1994 le dio al Congreso un plazo que vencía a finales de 1996 para que el Congreso dictara una nueva ley de coparticipación. Hay en curso un módico retraso de 12 años en el cumplimiento del mandato constitucional. Tal vez, ha llegado el momento para que los diputados se desperecen y pongan manos a la obra.

Aleardo F. Laría
Agencia DyN