Llegó y dijo: finalmente, Héctor Capaccioli, ex Superintendente de Servicios de Salud, negó los cargos en su contra al ser indagado en la causa por la denominada "mafia de los medicamentos" y aseguró que los fondos que recibió el kirchnerismo para la campaña electoral de 2007 fueron "conforme a la Ley".

Capaccioli, oportuno recaudador de la campaña que consagró a Cristina Kirchner presidenta en 2007, se desvinculó de presuntas anomalías en el desempeño de esa tarea y de las acusaciones por presunta defraudación en la devolución que el Estado hizo a las obras sociales por tratamientos que brindaron a sus afiliados.

Al ser indagado por el juez Norberto Oyarbide, el ex funcionario negó el carácter de "recaudador" pero admitió que integró "la junta promotora del Frente para la Victoria" con "otras siete personas" y aseguró que los fondos recaudados fueron depositados "en la cuenta abierta a tal efecto y emitió las órdenes de pago correspondientes".

"Ningún aporte que haya pasado por mi persona y derivado a los responsables político y económico del Frente se ha efectuado sin cumplir los requisitos de la ley ", dijo Capaccioli.

Sin embargo, la realidad misma desmiente las palabras del ex Superintendente, ya que, como ha denunciado y demostrado Tribuna de Periodistas, el dinero que engrosó los fondos de campaña jamás fueron documentados como corresponde. Es más, en algunos casos, se declararon aportes en efectivo que habían sido hechos bajo la modalidad de cheque, como fue el caso del asesinado Sebastián Forza. De acuerdo a documentación que reposa en el despacho de la jueza María Romilda Servini de Cubría, Forza había aportado 4 cheques por 50 mil pesos cada uno. Sin embargo, la documentación presentada por Capaccioli menciona ese aporte como hecho “en efectivo”.

Pero hay una anomalía aún más grave: al menos seis empresarios de la salud admitieron a este periódico que jamás pusieron un sólo peso para la campaña, sólo su firma. Esto significa que se habría blanqueado dinero en esa compulsa electoral.

Esa evidencia –que fue aportada por Tribuna a la Justica hace más de un año- echa por tierra los dichos del “cajero electoral”.

Pero no son las únicas mentiras que salieron de boca de Capaccioli. En otro tramo de su declaración aseguró que no tuvo "injerencia directa ni indirecta sobre los subsidios o reintegros" que otorgó la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales, y que no ocupó cargo alguno en ese organismo.

El que refuta esos dichos es otro expediente, en este caso el que maneja el mismísimo juez Norberto Oyarbide. Allí, ha quedado acreditado que no podría haberse hecho uso y abuso de los fondos del APE sin la venia de la Superintendencia de Servicios de Salud, la cual comandó entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, lapso en el que ocurrieron la mayoría de los desaguisados oficiales. Uno de los beneficiarios directos de los desvíos de esos dineros ha sido el todopoderoso Hugo Moyano.

No es casual que Capaccioli se haya negado a responder las preguntas puntuales hechas por el fiscal Luis Comparatore sobre la falta de control que mostró su gestión; eso lo hubiera dejado en evidencia.

Hay que recordar que el ex funcionario fue citado luego de que un informe elaborado por peritos de la Policía Federal, diera cuenta de presuntas irregularidades con los fondos del APE, y por su presunta falta de control de los mismos.

Frente a las pruebas concluyentes que hoy maneja la Justicia, Capaccioli debería recordar, más que nunca, esa frase que dice que las mentiras tienen patas cortas.

Equipo de Política
Tribuna de Periodistas