“Soy un preso político”, dijo Gabriel Brito mientras era detenido por la policía en el marco de una supuesta extorsión hacia un ex funcionario de la Superintendencia de Servicios de Salud. Lo que menos esperaba el empresario era ser demorado por el juez Norberto Oyarbide, especialmente porque le ofreció su propio testimonio media docena de veces en el marco del expediente por la denominada “mafia de los medicamentos”.

Es una pena, porque Brito bien podría haber ofrecido reveladores datos —y pruebas documentales—que impulsaran la investigación de esa misma mafia, ya que conoce todas sus aristas: la pata política, la impronta financiera —a través de ciertas cooperativas “truchas”— y la red de droguerías que operaron en detrimento de la salud social a cambio de supuestos aportes a la campaña del Frente para la Victoria.

Sin embargo, a la Justicia nunca le llamó la atención la evidencia que ofreció el empresario y sólo se interesó en su persona cuando fue denunciado por “extorsión”. Lo más asombroso es que esa presentación la hizo uno de los cajeros de la referida trama, Sebastián Gramajo, mano derecha de otro de los implicados, el ex superintendente Héctor Capaccioli.

A esta altura, cabe preguntarse, ¿será Brito el chivo expiatorio donde culminen todas las indagaciones?

El principio fue el verbo 

Aunque la investigación de la mafia de los medicamentos arrancó a partir del año 2008, la realidad indica que el mismo sistema ya se ha implementado con éxito al menos en dos oportunidades anteriores: en 2003 y en 2005. La primera vez fue para la campaña que llevó a Néstor Kirchner a la primera magistratura; la segunda, fue la que llevó a su esposa a la senaduría por la provincia de Buenos Aires.

El kirchnerismo intenta de toda manera posible que nadie pregunte jamás por la lista de aportantes de esos años, ya que quedará demostrado que casi todos los nombres y montos son idénticos a los que investiga hoy la Justicia. En 2003, el 34,7% de los aportes provino de las mismas droguerías que hoy están bajo la lupa; en 2005, el porcentaje fue del 32,2.

Si esto puede parecer una coincidencia, cabe destacar que el circuito ha sido siempre el mismo: el recaudador ha sido el propio Capaccioli, hombre de enorme confianza del kirchnerismo —puesto por Alberto Fernández sin tener mérito alguno para ese cargo—, y la principal firma aportante ha sido San Javier, perteneciente al oscuro Néstor Lorenzo.

Esto abre interrogantes espinosos para el kirchnerismo: ¿Cómo podría explicar que se permitió durante años la adulteración de medicamentos a cambio de fondos de campaña? ¿Quién se hará cargo de la cantidad de personas fallecidas por haber sido inyectadas con remedios que no tenían principio activo alguno?

El día que haya que responder esas preguntas, más de uno tendrá serias dificultades para explicar lo inexplicable.

Lo que vendrá 

Ayer a las 13.15 horas, Brito presentó ante el Juzgado Federal N°5 un oportuno pedido de excarcelación. Allí, el empresario hace hincapié en que padece de diabetes y que no ostenta antecedente judicial alguno, lo cual lo libera de toda peligrosidad para poder estar libre.

Asimismo, recuerda que ofreció su testimonio de manera voluntaria en el pasado y con eso intenta echar por tierra la idea de que quería extorsionar a alguien en particular.

Es más que probable que la Justicia le conceda finalmente la excarcelación a Brito mientras se investiga el delito que eventualmente habría cometido, lo que es poco posible es que alguien le solicite la documentación que tiene en su poder, la cual probaría por lejos los delitos que viene investigando la Justicia, referidos tanto a la mafia de los medicamentos, como al “lavado” de dinero en la campaña del FPV.

No es poco.