Hace instantes, trascendió que el presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Javier Mouriño, fue designado como secretario General de la Gobernación, lo cual confirma los rumores que circularon en los últimos días en los corrillos de la gobernación bonaerense.

Lo que pocos saben es que Mouriño aún no ha explicado debidamente su participación —y la de IOMA— en el expediente por la “mafia de los medicamentos” y el Triple Crimen de Gral. Rodríguez.

El entramado comenzó a revelarse cuando se supo que Baires Med -cuyo representante legal era Sebastián Forza, uno de los tres empresarios asesinados- era objeto de trece causas penales por la comercialización de fármacos robados o adulterados.

Esta investigación la había iniciado la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y esto fue lo que informó el matutino porteño Página 12, en un artículo que publicó el 15 de agosto último bajo el título de Cadena mafiosa de medicamentos truchos, veamos:

“… Otro caso es el del medicamento Novoseven (Factor VIIA), para la hemofilia, detectado en la Obra Social de Industrias Químicas y Petroquímicas como adquirido en Baires Med. También en la droguería ABC se detectaron medicamentos robados, provistos por la droguería Oncolife, que a su vez los había recibido de Baires Med…”.

Lo que no se sabía y recién trascendió ayer es que ABC SA figura en el registro de proveedores del Estado bonaerense bajo el número 14.355 CUIT 30660373108 y, según se comenta en los pasillos de la propia mutual habría ingresado de la mano de sus nuevas autoridades.

Es más, se asegura que quien le abrió las puertas habría sido la directora general de Prestaciones, Miriam Judith Charne, miembro del círculo íntimo del presidente del IOMA y ex diputado nacional menemista, Javier Mouriño.

Charne es, al mismo tiempo, destinataria directa de una acusación que corre de boca entre los farmacéuticos: “Habría ordenado el desvío de recetas hacia una farmacia que es propiedad de uno de sus familiares”. En el ambiente le llaman “dirigismo” y la maniobra es tan simple como efectiva: concentración y ganancias en una boca de expendio, en desmedro del resto de los establecimientos.

Todo esto ocurre mientras el IOMA multiplica esfuerzos para imponer un nuevo convenio que -según denunció el Colegio de Farmacéuticos de La Plata- es ilegal y será administrado por las cámaras de laboratorios (Caeme, Cilfa y Cooperala), con el consecuente perjuicio para los afiliados.

Ayer la sede de esa entidad colegiada fue escenario de una reunión entre cien profesionales y los presidentes del colegio platense, Germán Paggi, y bonaerense, Néstor Luciani, cuya presencia se interpretó como una señal de unidad frente al avance de la industria farmacéutica.

“Debo agradecer el respaldo que hemos recibido de esta filial, y sus gestiones para que esta discusión tomara estado público (también) que su tratamiento haya llegado a las cámaras legislativas, los gremios y los medios de comunicación” subrayó Luciani.

Fue en ese contexto en el que Paggi hizo mención a los riesgos que se ponen en evidencia cuando se realizan “transacciones poco claras como las que indican el matutino Página 12 y la revista platense Desafío, que devela las vinculaciones que existen entre algunas autoridades del Instituto y empresas que comercializan medicamentos para tratamientos especiales”.

En el mismo sentido, Forza admitió ante el director Ejecutivo de Tribuna de periodistas, poco antes de ser asesinado, que había hecho “negocios turbio con IOMA y PAMI”.

Mouriño tiene mucho que explicar al respecto, pero más aún el propio Scioli, que lo designó en las últimas horas.

Carlos Forte