Cristina lo hizo... otra vez. Abusando de la cadena nacional, dedicó una larga diatriba contra el periodismo con conceptos que rozan, en el mejor de los casos, la más pura ignorancia. Antes que nada, alguien debería decirle que, de acuerdo a lo normado por el artículo 75 de la Ley 26.255 de Medios —que ella misma impulsó— es ilícito el uso de ese recurso público de la manera en que es utilizado. “El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios”. ¿Dónde gravitó el hecho "grave" o "excepcional" en el discurso presidencial de hoy?

Lejos de toda “trascendencia institucional”, la Presidenta se mostró visiblemente molesta por informaciones publicadas en los últimos días por la prensa y aseguró que los periodistas deberían presentar declaraciones juradas similares a las que se les impone por ley a funcionarios, legisladores y jueces. ¿Cómo puede la mandataria nivelar a un funcionario público con un trabajador de la actividad privada? ¿Cómo nadie asesora a Cristina sobre este tipo de cuestiones para evitarle semejante papelón?

A diferencia de lo que ocurre con ella misma como mandataria de los intereses de la sociedad toda, o de sus ministros y secretarios, el periodista percibe dinero por parte de empresas privadas. No obstante ello, las manifestaciones públicas que Cristina pretende que presenten los hombres de prensa, están transparentadas en sus recibos de sueldo, declaraciones juradas ante la AFIP —caso de quien escribe estas líneas— o incluso en los registros que los espías vernáculos de la ex SIDE suelen confeccionar cada jornada con datos privados derivados de la intervención de sus teléfonos y correos electrónicos.

Es bien cierto lo que dice la Presidenta respecto a que existen colegas que cobran dinero bajo mesa, pero alguien debería decirle que si conoce algún caso en particular tendría que denunciarlo como corresponde, en el lugar adecuado, no a través de la ostentosa cadena pública nacional. Hacer lo que hizo la mandataria es de una irresponsabilidad fenomenal.

En fin, la virulencia que muestra Cristina contra la prensa "no oficialista" es sintomática. Con su insistente discurso, le regala a medios como Clarín un lugar de relevancia que jamás tendrían de otra manera. Al mismo tiempo, denota el enorme temor que la mandataria le tiene al periodismo. Algo básico a ese respecto: ¿Por qué entonces no le pide a sus ministros y secretarios que dejen de lado tantos negociados y hechos de corrupción en lugar de criticar a quienes los exponen?

Debe decirse que la ética en los medios es parte de un debate que ha nacido casi desde que existe la humanidad; es un tópico que, aunque incomoda a los dueños de grandes conglomerados, más inconveniente siempre resultará para el propio Gobierno. Por caso, ¿quién resultaría más afectado si existiera una ley de ética periodística, Clarín o Tiempo Argentino, tan afecto a las operaciones de prensa?

El grupo que comanda Ernestina Herrera de Noble tiene aún varias cuentas pendientes que aclarar a la sociedad, es verdad, pero también es cierto que Tiempo Argentino —y otros medios del mismo grupo— ostentan hechos de corrupción mediática de mucha mayor gravedad.

Hay muchas cuestiones incómodas que el oficialismo debería explicar en caso de existir una norma semejante. Por ejemplo, ¿cómo explica Cristina los millonarios fondos que destina a "empresarios" de la talla de Sergio Szpolski, Daniel Vila, José Luis Manzano, Matías Garfunkel y Raúl Moneta, entre otros? Veamos de quiénes se trata:

—Szpolski es el mismo que robó tres millones de dólares siendo tesorero de la AMIA, hecho contado con lujo de detalles en el libro "Los judíos y el menemismo".

—Vila es el dueño del multimedios UNO, que en Mendoza se identifica con la mafia y el apriete más elocuente a empresarios y políticos. En la Justicia enfrenta expedientes de diversa índole por sus trapisondas.

—Manzano es socio de Vila. Tristemente célebre en los años 90 por haber sincerado que robaba "para la corona". Es parte de la misma mafia que comanda Vila.

—Moneta ha sido responsable de una veintena de hechos de corrupción que son de público conocimiento. Entre otros, se ha encargado de vaciar ilegalmente el Banco de Mendoza.

—Garfunkel es socio de Szpolski en el grupo Veintitrés —conglomerado que en realidad no existe en los papeles, solo es un rejunte de sociedades "fantasma"— y es representante en la Argentina de la mafia rusa.

Entonces, ¿cómo puede Cristina señalar a periodista alguno siendo que alimenta con fondos del Estado —léase, de todos los argentinos— a esta banda de forajidos? Se insiste en la pregunta: ¿Le conviene a la Presidenta debatir sobre la ética de los medios?

Más allá de la respuesta a esta última pregunta, es dable preguntarse hasta dónde llegarán los señalamientos públicos que la primera mandataria dirige hacia quienes no le simpatizan. ¿Qué vendrá luego de la persecución de la ex SIDE, la AFIP y todo el aparato gubernamental? ¿Hasta dónde llegarán los dardos de sus nuevos ataques?

Estos, y no otros, son los interrogantes que deberán responderse para saber hasta dónde avanzará el gobierno en su guerra y, cuestión no menor, hasta dónde habrá que preocuparse a futuro.

No es poco.

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1