La ley de alquileres que regula la locación de inmuebles urbanos data, en nuestro país, del año 1984. En aquel entonces, el alfonsinismo ganador de las elecciones del 83, estableció un régimen relativamente simple que respeta la libre oferta de bienes inmuebles urbanos para alquiler —tanto para vivienda como para comercio o industria— e introduciendo algunas cláusulas de orden público a fin de asegurar, en especial, en el caso de los inmuebles para vivienda, algunas normas que las partes no pueden vulnerar bajo pena de poder acudir el inquilino a la Justicia a fin de hacerlas cumplir, entre ellas, el mínimo de dos años de plazo del contrato, tope de garantías exigibles, etc.

En el marco del denominado “relato K” y luego de varias idas y venidas, en el año 2009 la senadora nacional Teresita Quintela, una pejotista riojana y no aliada al entonces matrimonio santacruceño gobernante, se despachó con un proyecto de ley muy parecido al que se ventila nuevamente hoy. No pudo prosperar por varias razones, entre ellas, la derrota del kirchnerismo en el Senado con la mentada Resolución 125/08 (o “guerra del campo”) y otro poco porque las urgencias kirchneristas se concentraban en la inminente derrota previsible que tuvieron los oficialistas en las de medio turno, 2009, más preocupados por estas cosas, la crisis global, la ya mencionada “guerra del campo” , la “guerra a la corpo” y el resto de “guerras” que Néstor —que fue Carlos, nunca olvidarlo — gustaba de desatar.

A fines de diciembre de 2011, con otra realidad política (la del cristinismo) y con mayoría casi automática en ambas Cámaras Legislativas, dos legisladores neokirchneristas por Tierra del Fuego, —María Rosa Díaz y Osvaldo López— llegados al Senado de la Nación con los votos de Elisa “Lilita” Carrió y hoy enrolados junto con la gobernadora Fabiana Ríos en el bloque Nuevo Encuentro, han decidido rescatar el proyecto olvidado y muy criticado de Quintela, en un texto muy criticado y que se hubo de anticipar en algunos blogs sabiendo de buena fuente que, dicho texto, se encuentra inspirado en las políticas de erradicación de la denominada “República Burguesa”, en la Bolivariana República de Venezuela y, que algunos otrora asesores de dicha senadora, de extracción troskista, importaron la doctrina por la cual se desalienta la promoción de alquileres y se propende a la posesión de inmuebles por parte de familias que no cuentan con techo.

Preocupante filosofía, traída de de Venezuela toda vez que se conocen los resultados de dichas políticas.

El texto de los proyectos

Los textos del proyecto Quintela y el de los hoy borocotizados, senadores ex ARI y hoy Sabatellistas fueguinos, guardan un texto bastante similar entre ambos, aunque este último —que está en tratamiento y ya tiene estado parlamentario— se limita a “locaciones con el fin de vivienda” y aquel habla de toda locación.

Entre los dislates mayores que propondría la norma reflotada, siempre según el proyecto, se realizan amplios recortes al derecho de propiedad de los dueños. Entre las barbaridades más destacables se encuentra la “fijación de precios máximos” de alquileres, se crearía también un Registro Nacional de Alquileres, organismo que hará cálculos sobre cuánto deberá valer un alquiler. (¿Será como el Indec? ¿Estará Guillermo Moreno al frente de este nuevo Organismo?)

Otro de los tópicos destacados es que la norma considerará renovados automáticamente todos los contratos en los cuales los dueños no justifiquen el desalojo del inquilino.

Además, se eliminarían las garantías personales o reales, obligándose a los bancos a otorgar un cupo de garantías de pago, con lo cual nadie más se preocuparía por pagar ni un solo alquiler.

Este verdadero engendro jurídico ya tiene algunos antecedentes (todos mal paridos) en los cuales el Estado, cada vez que prohibió desalojos o intentó regular precios inmiscuyéndose en asuntos particulares bajo pretexto, como en este caso de defender al locatario, (inquilino) el resultado fue negativo. 

¿El problema es la ley, la oferta inmobiliaria, o el transporte? 

En primer lugar, hay que considerar que el problema mayor de oferta y demanda de locaciones es en la Ciudad de Buenos Aires, no en todo el país, y que el déficit mayor que afecta la temática, de manera cupial es la falta de inversión en materia de transporte e infraestructura en general (la materia olvidada por este “modelo”) y no de valores u oferta de inmuebles.

Con medidas ridículas como la norma pretendida, lo único que se logrará, rápidamente, es que los dueños retiren del mercado los mejores departamentos y casas, que en definitiva son los de Capital Federal, los más caros y alquilables, por el simple hecho de que es imposible viajar desde el conurbano hacia el centro vía tren o automóvil, debiendo los habitantes de tales regiones recurrir a onerosísimas combis —que cuestan entre 20 y 40 pesos— o mediante automóviles que le irrogan un costo alto, y que, para peor mal viajan, ya que no se puede circular por la cantidad saturada de vehículos que existe en las horas pico, precisamente, porque no hay manera de viajar del Gran Buenos Aires al centro de la ciudad y viceversa.

Respecto de los precios, cuando se tomaron medidas de restricción tanto a los desalojos como a las subas de precio de las locaciones, lo primero que sucedió fue el aumento aún mayor de los precios y el retiro de plaza de la totalidad de la oferta locativa.

Esta vez, de prosperar el proyecto, no se entiende qué pueda ser distinto.

No solo no resolverá ningún problema que padezcan los aspirantes a locatarios o inquilinos, sino que además funcionará como una herramienta paralizante de los desarrollos urbanísticos. Desarrollos dentro de la Ciudad, cuando todos saben que la Ciudad ya no da más, que se debe expandir hacia fuera y que ello no ocurre porque no hay seguridad en el Gran Buenos Aires, ni trasporte moderno y eficiente.

Qué más querría una familia tipo que adquirir con una hipoteca a 40 años que le habilita una buena propiedad, amplia, en un barrio (o nueva ciudad, por qué no) de la periferia, en donde se pueda gozar tanto de la naturaleza como de un medio de trasporte eficiente y accesible para ingresar o egresar de Buenos Aires. En cambio, vive hacinada en uno o dos ambientes, pero cerca de la fuente de trabajo. Es imposible viajar decentemente.

 Esto sucede porque hace 60 o 70 años que el país no invierte en trenes suburbanos, no se expanden los ramales, no se señalizan, no se invierte en nuevas formaciones de última tecnología, no se crean nuevos polos de desarrollo urbanístico a 50/60/70 km. de Buenos Aires con hospitales y trenes suburbanos decentes y no émulos de la India.

La clase media y la clase asalariada obrera y empleada argentina hace 40 años que tiene vedado el acceso real al crédito hipotecario estatal, como era el Banco Hipotecario Nacional, padeciendo las condiciones comerciales de los bancos ídem, los grandes creadores (y beneficiarios) de las burbujas inmobiliarias.

Todo esto, como todo el setentismo, es una absoluta estupidez.

La no creación por parte del Gobierno nacional de un Banco de Fomento Hipotecario, es una política deliberada del modelo que arroja, igual que el menemismo, al mercado privado del crédito (inaccesible). Máxime hoy que las tasas internacionales son del orden del 1% anual, lo que habilitaría plenamente al Estado a refundar una entidad de dicho tipo y promover al menos 1 millón de viviendas anuales no ya sociales, sino, pagables a precio justo y dirigidas al estamento referido más arriba y, de esa manera, se descomprimiría de manera real el mercado alquileres.

Dicha prohibición de este modelo que deliberadamente no promueve el crédito hipotecario estatal a tasas deflacionadas del orden del 3% o 5% anual, es el modelo usurero K, un modelo que gusta de hacer negocios mineros, financieros, petroleros antes que resolver a tasas globales del 3% o 4% anual, cuando el dinero en el mundo se paga tan poco. Esto es adrede, ya que la vivienda social, necesaria también, es encarada de manera asquerosamente clientelista, mientras que para la clase media que no tributa clientelarmente, le es negado todo esfuerzo fiscal.

El obrero, el empleado y la clase media parecen verdaderos kelpers del famoso modelo del kirchnerismo, que solo parece pensar en Milagro Sala y Sergio Schoklender, los perores ejemplos éticos de nuestra derruida sociedad, personajes cuyo fin es dar sus cursos de “marxismo para pobres” y, estos, necesitados, los soportan con tal de llegar al sueño de sus cuatro paredes propias.

Ideología y propiedad 

Basta recordar que el proyecto de la senadora Quintela, del 2009, —una conservadora riojana devenida en su momento en K, cuando la Ley de Medios— fue ampliamente repudiado por las entidades que se ven involucradas en el mundo constructivo y que responde a la ideología bolivariana de desposeer a las familias de clase media que viven de una renta de 2, 3 o 4 departamentos, en beneficio del clientelismo político que una vez más mete la cola.

Sin embargo, valga la paradoja, lo único que podría lograr este proyecto si su filosofía prospera, es un padecimiento aún mayor de las familias y personas que alquilan, que padecen la sojización inmobiliaria ante la cual el Estado se limita a cobrar el 35% de las retenciones, inflacionar y jodernos a todos y que se traduce en “grandes alcancías de cemento” que todos vemos proliferar como agobiantes monstruos de cemento, y que, mayormente, sirven para que los pooles de siembra o los productores medianos metan la plata que nadie pone en bancos por miedo a las consabidas expropiaciones decenales que se padecen, y no para resolver los problemas de quienes buscan un techo.

En los barrios de mayor construcción proliferan bloques de oficinas, muchas de ellas ya terminadas y que también en bloque, permanecen cerradas como “reserva de valor” de estos sectores poderosos de la soja y los agronegocios. Todo esto mientras el gobierno de Carlos Saúl Menem privatizó el Banco Hipotecario Nacional, política pulcramente seguida por su mejor alumno, el otro Carlos, Néstor Kirchner.

Sin crédito, no hay vivienda ni propiedad. Sin crédito Estatal de Banco de fomento hipotecario, seguirán aumentando los escasos departamentos capitalismo. 

Sin inversión ferroviaria, seguridad y nuevos enclaves periféricos orientados por el estado inversor, nadie podrá en unos años, apartar mucho del centro de Buenos Aires, por la imposibilidad de trasladarse ante el colapso tanto de rutas, avenidas, autopistas y trenes.

Con la ley bolivariana de los borocotizados ex “lilitos”, senadores fueguinos Díaz y López, se retraerá aún más la oferta de inmuebles en alquiler, el efecto contrario al realmente deseado por los interesados.

Así de mal estamos.